Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral (Trife) libran una batalla sorda... a meses de la elección de 2018. Uno de los temas de controversia entre ambos organismos son los criterios para fiscalizar campañas políticas, lo que mantiene entrampada la resolución de los comicios de Gobernador de Coahuila. Pero también ha habido diferencias para impulsar candados que eviten el uso electoral de programas sociales y mecanismos que eviten la promoción personalizada con fondos públicos y la de dirigentes políticos en spots institucionales. El especialista en asuntos electorales Eduardo Huchim destacó que el desencuentro es evidente. "El INE quiere hacer las cosas más a tono con la legalidad y con la protección de la equidad, pero el tribunal va en sentido contrario, favoreciendo --en la mayor parte de los casos importantes-- al partido en el Gobierno", planteó. Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, consideró que el conflicto menoscabará la capacidad de ambos organismos para garantizar elecciones limpias. "Vamos a ir a una elección donde el proceso de fiscalización ha dejado de ser un elemento que ayude a la equidad de la competencia política. "Lo que vamos a ver son carretadas millonarias de dinero en programas sociales, en acciones de Gobierno y en los medios de comunicación que no van a ser vistos por el INE ni por el tribunal", anticipó. "Nos vamos a enfrentar a un proceso a partir del secuestro de dos instituciones públicas que tienen la enorme responsabilidad de establecer garantías democráticas en el País". El 30 de agosto, atendiendo reclamos del Gobierno federal y las televisoras, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal tumbó las reglas de "cancha pareja" del INE que prohibían la promoción personalizada de los funcionarios. El Tribunal también invalidó, el 5 de octubre, los lineamientos con los que el árbitro electoral buscaba regular la propaganda oficial, el reparto de programas sociales y la entrega de monederos electrónicos durante los comicios. En esa sesión, los Magistrados determinaron que el INE adjudicó indebidamente erogaciones a la campaña de Miguel Riquelme en Coahuila, lo que allanó el camino para que el priista eludiera el rebase del tope de gasto establecido. La Magistrada Mónica Soto arguyó que el árbitro electoral no hizo correctamente la fiscalización de Riquelme y calificó la falta como grave. Pamela San Martín, integrante de la Comisión de Fiscalización del INE, señaló que la Sala Superior sentó un "mal precedente" porque abrió la puerta a que los partidos violen la ley y queden impunes. "El INE lo que está tratando de evitar es una conducta fraudulenta, y lo que el tribunal nos está diciendo es que no la podemos evitar. Yo creo que el tribunal le ata las manos al INE y se ata las manos a sí mismo también", señaló San Martín. "Revocar todos los lineamientos que establecimos (...) da un mensaje de absoluta impunidad para transgredir las reglas que nos hemos dado". El Magistrado José Luis Vargas defendió la actuación de la Sala Superior y argumentó que sus resoluciones buscan enmendar los errores cometidos por el INE. "Nuestra función es revisar la legalidad de los actos de la autoridad electoral, en muchas ocasiones le hemos dado la razón al INE cuando le asiste, cuando no le asiste también lo tenemos que hacer", dijo Vargas. -- Reforma