El diputado priista Manuel Alfaro Lozano presentó en rueda de prensa una serie de iniciativas con la que se busca implementar un sistema electrónico de control y abasto de medicamentos, con el fin de garantizar a los derechohabientes de las clínicas y hospitales públicos las medicinas necesarias para sus tratamientos. El legislador detalló, que se busca que las farmacias de las dependencias públicas funcionen como las privadas, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de consultar en una página de internet los espacios farmacéuticos de cualquier dependencia para que se puedan surtir las recetas o apartarlas hasta por 12 horas para que puedan recogerlas. Explicó, que la primera iniciativa está dirigida al Congreso de la Unión y pide reformar la Ley General de Salud, para permitir a las dependencias y entidades que integran Sistema Nacional de Salud, celebren convenios para adherirse a un registro electrónico con su inventario de medicamentos actualizado en tiempo real y puedan adquirir sus medicinas mediante la sustitución, permuta o el pago de las mismas, entregadas a los derechohabientes de otras dependencias. Señaló, que también se considera en dicha propuesta, que el servidor público que omita la celebración de estos convenios, que oculte o niegue medicamentos a un paciente sea sancionado. Por otra parte, buscan reformar la Ley de Salud del Estado de Jalisco para que se permitan estos convenios celebrados entre dependencias estatales y federales, integrando una plataforma única donde todas las farmacias públicas estén conectadas. “Somos un solo país, un solo estado, contamos con un solo Sistema Nacional de Salud y ya se trabaja en un programa de compras único, lo correcto entonces, es que exista un solo sistema de distribución y entrega de medicamentos” sostuvo el legislador. Finalmente, envió un mensaje a los responsables del sector salud en lo local y en lo federal para que este sistema sea útil a las personas y resolver el desabasto de medicamentos, se busca llevar la salud a todos los rincones del estado sin poner en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la ciudadanía.