Los diputados debieron haber dado seguimiento a la aplicación del recurso que gestionaron para los proyectos de rehabilitación en caminos de Ciudad del Maíz, que a final de cuentas no se hicieron, así lo sentenció David Vega Niño integrante del Consejo Ciudadano de Transparencia del Poder Legislativo. Advirtió que tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la Contraloría Interna del municipio y los propios legisladores tenían la obligación de llevar un control del gasto del recurso y de la realización de obras, por tratarse de una disposición de la Ley de Egresos estatal del 2017. El académico explicó que es todo un proceso y por lo tanto hay responsables o co-responsables primero del área ejecutora, desde que se planteó el proyecto de viabilidad y su autorización, en el área de Desarrollo Social del municipio y darle seguimiento, pero también apoyado desde el Cabildo; además que la ASE y la Contraloría municipal lleven control estricto de los gastos y seguimiento, así como grado de avance de la obra. “El otro actor (responsable) y que son también parte de su co-responsabilidad porque fueron los gestores, deben tener también los proyectos, que sean los diputados los que den seguimiento por un lado documentarlo con el proyecto, siguiendo toda la parte técnica; pero también la parte de campo, en el municipio donde se hicieron estos apoyos y verificar que se esté aplicando adecuadamente, fehacientemente al 100% los recursos para esos fines” señaló. Vega Niño sostuvo que el Consejo Ciudadano de Transparencia considera que no es atribución de los diputados usar una partida de gestión social, con base en la legislación estatal, ley Orgánica del Poder Legislativo y el reglamento interno; “Por lo tanto la posición de este Consejo de Transparencia es que se elimine este concepto ya que para ello existen instituciones que tienen programas sociales, y en su lugar el Congreso trabaje mas en la parte legislativa”.