La muerte de las dos víctimas de feminicidios acaecidos recientemente en la capital potosina son el culmen de un sinnúmero de violencias contra las mujeres, situación grave que hemos denunciado en diferentes momentos y desde diversos espacios; sin embargo, parece que existe una resistencia a reconocer este grave problema por parte de las autoridades responsables de la persecución de los delitos y también por las autoridades encargadas de la prevención de los mismos.

Por ello, integrantes de la fracción parlamentaria de MORENA y del PT, hicieron un llamado a todas las autoridades para que realicen estrategias conjuntas de actuación con el fin de coordinar esfuerzos desde los ámbitos y facultades previstos en la ley, donde se incluyan esfuerzos de sociedad civil, academia, víctimas y especialistas, y nos permitan generar una agenda común.

En un documento firmado por los diputados de MORENA, diputada María del Consuelo Carmona Salas, diputada Marite Hernández Correa, diputada Angélica Mendoza Camacho, diputada Alejandra Valdés Martínez y el diputado  Edson de Jesús Quintanar Sánchez, y por el Partido del Trabajo, el diputado Pedro César Carrizales Becerra, se puntualiza que la indignación de la población no es para menos y por eso expresamos también nuestra tristeza e impotencia, nuestra preocupación y exigencia, nuestro miedo y solidaridad con las familias víctimas sobrevivientes de una cultura que les estigmatiza y persigue, les excluye y señala y pretende determinarles al silencio. 

El silencio también es complicidad. No debemos callar ante estos hechos tan cruentos que vulneran en las  mujeres los más mínimos anhelos detener una vida digna, les limitan en participación en espacios públicos y exoneran sin haber pasado por tribunales a quienes de forma anónima se convierten en impunes perpetradores.

Los gritos, las humillaciones, los insultos y las amenazas que mujeres han denunciado ante autoridades son cotidianos en el ámbito familiar de quienes después son agredidas con violencia física hasta llegar al grado de privarles de la vida. Si bien el problema parece del ámbito privado, también lo es que existe deficiencia en las instituciones de atención inmediata, por insuficiencia de recursos materiales, personal no capacitado y carencia de infraestructura adecuada. Hay una responsabilidad enorme desde la función pública que permite la  perpetuación de las relaciones inequitativas y asimétricas de las mujeres y les normaliza.

Pero el problema no es sólo en la Capital Potosina, porque en municipios como Matehuala y Soledad de Graciano Sánchez han sido señalados como los de más alto riesgo para las mujeres, sin eximir a aquellos registrados por la Declaratoria de Alerta de Género púbica desde 2017, incluyendo Ciudad Valles, Tamuin y Tamazunchale. Pero  especialistas señalan que esta alerta de género debe ser ampliada a otras entidades como Tierra Nueva, Santa María del Río, Villa de Reyes, Ahualulco, Mexquitic, Cedral, Villa de Arista, Moctezuma, Río Verde Tamasopo, Ciudad Fernández, Axtla de Terrazas, Aquismón y Coxcatlán, por considerar que la capacidad de respuesta de las autoridades en este lugar imposibilita a las mujeres en riesgo el acceso a la justicia.

Las violencias contra mujeres también permean los espacios públicos, por eso se debe dar seguimiento oportuno a cada una de las denuncias presentadas. Tampoco debemos olvidar las situaciones donde se presuma exista una organización delincuencial que ve en las mujeres objetos mercantiles, pues quienes atentan así contra la dignidad de las personas, deben ser evidenciados y sancionados como lo señala la ley.

Repudiamos todo tipo de violencia contra las mujeres, solicitamos a las autoridades que desde el ámbito de su competencia den atención de manera rápida y eficiente, con profesionalismo y sensibilidad a las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos de la prevención, de la atención y de la sanción.

No basta con decretar Alertas de Género y hacer diagnósticos tardíos. Urge una estrategia desde las instituciones educativas que incluya especialistas para impulsar una educación que promueva en niñas  y niños relaciones de respeto hacia la dignidad de las mujeres, que les otorgue herramientas sociales para construir relaciones no destructivas.

A la Guardia Nacional exigimos una actuación con perspectiva de género y considere su presencia en la prevención del delito abocado a municipalidades señaladas como de alto riesgo para las mujeres.

Exigimos se haga énfasis en la persecución de los delitos y sanción a quienes resulten responsables por estos actos, pues sabemos que con el combate a la impunidad se trabaja en la prevención.

Nuestro compromiso como diputación ha sido legislar con perspectiva de género, armonizar la legislación local a la realidad potosina y escuchar a la ciudadanía y sociedad civil para dar canalización a sus propuestas.