Diputadas del Congreso del Estado se escudaron en la contingencia sanitaria por Covid-19 para justificar el hecho de que emitieron una Reforma Electoral inconstitucional, al no haber efectuado una consulta indígena, lo cual fue motivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera anular dicha reforma; sin embargo, expertos señalan que esto no es un argumento válido, dado que los legisladores tuvieron dos años para poder efectuar dicha consulta. La diputada presidenta de la Directiva del Congreso, Vianey Montes Colunga dijo que la consulta indígena no pudo llevarse a cabo, debido a que llegó la contingencia sanitaria e intentaron cuidar a la ciudadanía y a esos pueblos originarios a quienes se iba a consultar, por lo que decidieron suspenderla para evitar contagios, por lo que lamentó que se haya dado el revés por parte de la SCJN. “Llama mucho la atención el hecho de que se haya echado para abajo, porque creo que estaba fundamentado y quedó ahí registrado y por qué no se hizo. Desafortunadamente era algo que nadie tenía planeado, fue la llegada de esta pandemia y la contingencia que se presentó, prácticamente estaba todo listo para la consulta indígena (…) aquí ya no fue culpa de nadie, fue una situación que nadie tenía en el radar, no pensamos que tuviéramos que hacer un confinamiento”. Ante ello, el experto jurídico, Jorge Chessal Palau opinó que a pesar de que existe la contingencia sanitaria de la pandemia del Covid-19, no hacía imposible que desde el Congreso del Estado se pudiera haber llevado a cabo la consulta indígena, pues recordó que se tenían más de dos años de tiempo límite para poder haber efectuado la consulta… cosa que no se hizo.  Expuso que los diputados locales no debieron esperar a que transcurrieran 2 años y medio para poder crear las reformas para poder llevar a cabo esta consulta indígena, dijo que no se buscaron mecanismos para poder mantener una ley electoral más incluyente, e incluso remarcó que el dejar estas leyes hasta el final para su discusión es una práctica común del Legislativo potosino, pero apuntó que es una práctica que se debe desterrar para evitar que escenarios como este se vuelvan a repetir. El proceso electoral 2020-2021 tendrá que efectuarse con la legislación anterior, que data de 2014 con adecuaciones efectuadas en 2018, luego de que la Suprema Corte invalidara la nueva Ley Electoral para San Luis Potosí, emitida el pasado 30 de junio.