Buenos Aires, Argentina.- La ex Presidenta argentina Cristina Fernández Kirchner (2007-2015) y el jefe de la Policía federal discutieron este lunes por el supuesto uso de tóxicos durante el allanamiento a una propiedad de la también senadora por una causa judicial en la que está acusada de liderar una red de corrupción integrada por ex funcionarios y empresarios. El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, negó el uso de un tóxico de contacto durante la inspección realizada la semana pasada a un departamento de Fernández en Buenos Aires y ordenada por el juez Claudio Bonadío, debido a que fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su Gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener asignaciones de obra pública. "No se usó ningún tipo de químico. No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", señaló Roncaglia al canal de cable Todo Noticias.

"El personal que actuó es súper profesional. Nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme a derecho", agregó. Fernández, de 65 años, difundió previamente un comunicado en las redes sociales firmado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que denunció que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. El representante legal de Fernández indicó que las trabajadoras tuvieron que ser asistidas en un hospital donde se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto. Por ello es que la ex Mandataria no ha podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras supuestas irregularidades, como que se le impidió controlar el allanamiento como abogado defensor. Además del departamento de la capital argentina, fueron revisadas en los últimos días otras dos propiedades de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz. Por su condición de legisladora el juez Bonadío tuvo que obtener la autorización del Senado para allanar las tres propiedades bajo la sospecha de que en esos lugares la ex Presidenta podría haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos. Fernández puede ser investigada y juzgada pero no detenida debido a que está bajo el amparo del fuero parlamentario. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme. Aunque los críticos de la ex Mandataria afirman que los allanamientos a esta altura resultan inútiles, la justicia cree que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrían sido depositados bolsos con dinero. Fernández, la dirigente opositora con más apoyo en las encuestas, ha negado ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder al Presidente Mauricio Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el juzgador. La senadora ha puesto en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que confesaron el pago de sobornos y afirmaron que Fernández estaba al tanto y que parte del dinero recaudado era enviado a la provincia de Santa Cruz. La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los ex funcionarios detenidos, en los que el empleado registró los días y horarios en los que empresarios habrían pagado sobornos durante las presidencias de los Kirchner. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también están la Casa de Gobierno nacional y la residencia presidencial. -- REFORMA