Líderes empresariales coincidieron en la necesidad de que las administraciones gubernamentales de todos los niveles, tomen en cuenta las opiniones y propuestas de los diversos sectores sociales para propiciar un desarrollo con objetivos comunes, por lo que pidieron no ser llamados a proponer planteamientos que luego no son tomados en cuenta. Jaime Chalita Zarur, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que existe una disociación entre el sector público y el sector social, pues dijo que cuando el sector social hace alguna propuesta al sector público estas no son tomadas en cuenta en momentos de definición, el líder del sector patronal refirió que debe ser la sociedad la que marque la agenda pública, sin embargo lamentó que esto no ocurre porque la propia sociedad “nos debilitamos por egos”.

Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, señaló que tener una visión compartida y objetivos comunes generará mejores resultados, por ejemplo en el tema de movilidad consideró necesario contar con una ley de movilidad de carácter ejecutivo para que cuente con un órgano consultivo técnico que marque las pautas del desarrollo. Al respecto Raúl Martínez Jiménez, presidente de Canacintra en la entidad, señaló que para concretar proyectos necesarios para la ciudadanía se requieren administraciones transparentes que den certeza de puertas abiertas a la propuesta, consideró que a veces se percibe que “los organismos tenemos que estar diciéndoles qué es lo que tenemos que hacer y el gobierno se limita a escucharnos. ¡Que no nos inviten nada más a que escuchemos sino a tomarnos en cuenta!”, solicitó.

Por último Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Canaco-ServyTur, consideró necesario que se tome en cuenta la voz de la ciudadanía y de los órganos empresariales que representan un sector importante en la entidad y “si no nos ponemos buzos un gobernador o un político busca poner la primera piedra para que aparezca su nombre”. Todos coincidieron en que las proyecciones de desarrollo de la entidad deben ser a largo plazo y con decisiones fundamentadas en estudios que garanticen soluciones más allá de un trienio o un sexenio.