El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, acusó al ejército de estar “comprometido en el estado de terror” por tolerar que grupos paramilitares ataquen a civiles que protestan contra Daniel Ortega. Carrión visitó a familiares de seis personas que murieron quemadas ayer en una vivienda atacada por policías y presuntos paramilitares en Managua. “Este es un reclamo que hacemos firmemente al ejército: nadie puede comprar en una pulpería un fusil de alta precisión. Los que andan matando gente no son cualquiera, tienen preparación militar”, dijo el activista. En las últimas dos semanas, Managua y otras ciudades han visto la presencia de francotiradores en lugares públicos y la movilización de hombres armados en redadas contra opositores. El ejército negó está involucrado en la crisis, que se inició el 18 de abril con una protesta estudiantil, y asegura que no reprimiría protestas de civiles. RONDAS DE DIÁLOGO Ayer el gobierno llevó adelante una segunda sesión del diálogo con la oposición, que protestó por los nuevos hechos de violencia. La oposición acusó al gobierno de violar el “cese a la violencia” pactado la víspera, al ordenar ataques en varias ciudades, entre ellos el incendio de la vivienda en un barrio del oriente de la capital, donde fallecieron cuatro adultos y los dos niños. El gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reanudaron el viernes el diálogo, con mediación de la Iglesia católica, para resolver la crisis que sacude al país desde hace dos meses. Al concluir la reunión de ayer, la Conferencia Espiscopal anunció la creación de tres comisiones, formadas cada una por tres delegados del gobierno y tres de la Alianza Cívica, con los obispos como testigos y organismos internacionales de derechos humanos como acompañantes. La Comisión de Verificación y Seguridad garantizará el cese de la violencia y el retiro de los retenes colocados por campesinos en carreteras del país. La Comisión de Democratización discutirá la renuncia del tribunal electoral, acusado de fraude por la oposición, y la preparación de elecciones de marzo de 2019, lo que anticiparía las presidenciales previstas para 2021. La Comisión Judicial trabajará en el tema de la renuncia y sustitución de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalados de favorecer con sus actuaciones a Ortega. -- MILENIO