El año 2018 fue un año complejo en el tema del combate a la violencia contra las mujeres y particularmente en lo que a feminicidio se refiere, los cambios en los nuevos gobiernos no deberían impactar en la forma de conducir las estrategias orientadas a sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Nos movilizamos como sociedad civil y como gobiernos de los estados al enterarnos que habría recortes presupuestales a los recursos destinados para acciones en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no nos movemos para observar que los fondos se apliquen de manera adecuada y pertinente. La violencia extrema contra las mujeres es el feminicidio, el impacto es en agravio directo de la víctima, pero también a su familia, sus hijos e hijas, su madre, su padre; y por supuesto que hay un deterioro para la sociedad porque nos muestra a familias que han vivido la violencia como rutina de diario, se han acostumbrado a las relaciones de conflicto, de maltrato físico y psicológico, de carencias económicas, y se hace normal vivir en medio de la violencia. El feminicidio es la designación que se da al hecho de quitarle la vida a una mujer por cuestiones de discriminación, por violencia de género, y va desde que exista o haya existido una relación (afecto; docente; o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, entre la víctima y el agresor); haya habido violencia sexual; mutilaciones, lesiones infamantes y degradantes; que haya habido violencia previamente a su muerte; que la haya amenazado, acosado o agredido sexualmente; que la haya incomunicado; que exponga su cuerpo, lo arroje a un lugar público, para el caso de San Luis Potosí queda señalado en el Artículo 135 del Código Penal. En éste primer mes del año se registraron tres muertes violentas de mujeres, el 10 de enero una mujer de 58 años de edad oriunda del municipio de Santo Domingo la atacó su pareja con arma blanca y se dio a la fuga; el 20 de enero en la ciudad de San Luis Potosí una mujer de 70 años fue agredida por su pareja con arma blanca y murió en el Hospital Central; y el 27 de enero en Ciudad Valles una mujer fue asesinada con un disparo en la cabeza y abandonado su cuerpo en un camino de terracería. En 2018 y de acuerdo con datos que los propios medios de comunicación han ofrecido, las edades de las víctimas oscilan entre los 2 años de edad y lo 70, afectando principalmente al grupo de mujeres en edad productiva y siendo el sostén completo de sus familias. El costo que implica el daño emocional, económico, patrimonial a las familias por no atender de manera adecuada la violencia familiar es mayor que la inversión social que se pueda realizar al sostener a institutos de las mujeres, centros de justicia para las mujeres, unidades municipales, unidades de gobierno que atiendan problemas de violencia de género. El dolor de las familias va en aumento en la medida que pasa el tiempo y se carece de una conclusión en la investigación que realizan las autoridades. La inversión social en planes de gobierno con perspectiva de género no es aún un hecho, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, sobre todo aquellos que tienen Alerta de Género desde el 21 de junio de 2017, deben revisar con atención el presupuesto que asignan a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y aumentar los fondos para enfrentar con acciones reales, específicas y que de verdad vayan al fondo para resolver la problemática que padecen las mujeres. La federación se ha hecho “cargo” durante años de atacar la problemática de la violencia de género con varios objetivos entre ellos para cumplir con los acuerdos internacionales que se firmaron, pero la manera de radicar los recursos a las entidades siempre fue por un sistema de concurso mediante proyectos que realizaban los institutos de las mujeres de cada entidad, había una medida discrecional para la obtención de esos fondos; y dejó sin obligación a las entidades de contar con una partida presupuestal exclusivamente para atender los temas de discriminación contra las mujeres en su modalidad de violencia.  Los estados no han hecho lo que les corresponde, y el presupuesto con perspectiva de género no se concreta, no hay acciones que tengan que ver con darles respuesta a las familias de las víctimas; y hemos visto que es muy importante atender la prevención para evitar que haya más actos de barbarie contra las mujeres, pero también es indispensable que no se despilfarre el recurso que implica una acción a favor de las mujeres. Invertir en acciones de prevención no sólo debe ser tarea de la federación, sino de los estados y los municipios, no debe un actuar discrecional en la aplicación de los recursos económicos, y debe haber un seguimiento puntual a las mujeres que se han atrevido a poner una denuncia contra hombres que han tenido comportamientos violentos.