De los diputados locales se podrán decir y escribir infinidad de cosas, casi todas negativas. No es que se trate de una aversión injustificada, ni tampoco que se trate de una evaluación injusta acerca de su actuar. Lo que pasa es que se empeñan en ser peores cada día que pasa. Las constantes críticas en los medios de comunicación, el frecuente juicio de columnistas, editorialistas y articulistas y las voces que desde instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, dan cuenta de que no es que alguien tenga el propósito perverso y ruin de desacreditar a la y los diputados. Ellos mismos se desacreditan con lo que hacen y, lo peor, con lo que dejan de hacer por algún capricho o berrinche. Hace unos días, el Tribunal Electoral del Estado resolvió que los diputados de la LXI Legislatura violaron los derechos de un ciudadano y que lo hicieron de manera reiterada, sin importarles en absoluto lo que dice la Constitución. El abogado José Mario de la Garza Marroquín desde hace años ha venido impulsando la trasparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. De modo especial, ha buscado que en el poder público tengan en cuenta a la sociedad a la hora de la toma de decisiones, pero que también, se tome en cuenta a los ciudadanos en toda la amplitud de sus derechos. Uno de los derechos de mayor valía y utilidad, es el que asiste a los ciudadanos a promover ante el poder legislativo iniciativas de ley que permitan mejorar el marco legal del estado y que también permita cubrir vacíos legales o poner fin a excesos de parte de servidores público. En razón de ello, apenas se había instalado la legislatura allá por la segunda quincena de septiembre cuando De La Garza Marroquín presentó su iniciativa ciudadana, misma que los diputados tenían la obligación de darle el curso del procedimiento legislativo correspondiente pero no lo hicieron. Y no lo hicieron simplemente porque no quisieron, no se les dio la gana, les valió un cacahuate. Se puede decir de muchas maneras, pero en estricto sentido legal, omitieron hacer lo que les correspondía hacer. Por eso los demandaron a través de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales que, al resolverse a favor del abogado, surte efectos legales de obligar a la legislatura a dar el trámite correcto a las iniciativas ciudadanas. Esto, por supuesto, es un hecho histórico que además, exhibe a las diputados y diputados como grandísimos irresponsables. Las iniciativas ciudadanas presentadas y no atendidas son las siguientes a partir de fecha y contenido: Las iniciativas ciudadanas promovidas por De La Garza son las siguientes:  22 de septiembre de 2015, iniciativa para establecer que los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos se persigan de oficio.

12 de abril de 2016, iniciativa para prohibir que los legisladores potosinos reciban bonos, sobresueldos, apoyos o partidas adicionales a su dieta por el ejercicio de su función. 5 de julio de 2016, iniciativa para crear la Ley del Canal de Televisión de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. 16 de enero de 2017, iniciativa para declarar al inicio de cada legislatura la caducidad legislativa de la totalidad de las iniciativas promovidas por ex diputados que no hubieran sido dictaminadas en su período de ejercicio constitucional. Está por demás reiterar que estamos ante una de las peores legislaturas locales, su desempeño durante sus tres años de ejercicio ha sido del todo deplorable y en algunos casos, vergonzoso. Algunos diputados buscan nuevos cargos de elección y otros van por su reelección, mientras que otros forman parte de equipos de campaña de candidatos presidenciales. A todos ellos hay que castigarlos con un voto en contra. Esa es la mejor sanción.  Criticarlos ya no surte ningún efecto, se han hecho suficientemente cínicos como para que ya nada les altere ni duela. Por eso hay que votar contra ellos.