San Luis Potosí, México (21 enero 2018).-  Empresarios coincidieron en que debe darse una vigilancia y de ser necesario cambio en las instancias tanto de procuración de justicia como de seguridad ante la percepción de impunidad que exista a raíz del cambio hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal, tal como lo propuso el Consejo Coordinador Empresarial a la Procuraduría General de la República (PGR) Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, servicios y Turismo (Canaco ServiyTur) en San Luis Potosí, coincidió en que es alarmante como se ha dado a nivel nacional el tema de la delincuencia y en especial del fuero común, pues afecta directamente a las familias, empresas, trabajadores, negocios, y ha crecido fuertemente en los últimos meses. Señaló que se han tenido dialogo con las autoridades, en especial de la Secretaria de Seguridad para que se generen los cambios necesarios y abatir la impunidad, dijo que si bien en un mes o dos meses no se puede cambar “lo que se ha descompuesto durante años”, debe haber la vigilancia y cambios necesarios para que el sistema de Justicia Penal funciones. “El nuevo sistema de justicia les abre las puertas fácilmente a los delincuentes, a que salgan fácilmente y habría que revisar si hay la necesidad de que se cambie algo en el nuevo sistema, si con el paso del tiempo vemos que no está dando resultados positivos, se puede rectificar”. Por Su parte Guillermo Alderete, presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), coincidió en que es necesario que se evalué los resultados que se han dado tras la implementación del nuevo sistema, pues la impunidad es un hecho que le cuesta millones al país, y que solo genera más delincuencia. Por su parte el ciudadano Jesús Motilla aseguró que también hace falta una cultura de la denuncia, pero sería difícil fomentarla si no hay avance en el combate a la delincuencia. Otra parte importante es que tanto el poder Ejecutivo, como el poder Judicial actúen, explicó que el sistema tiene una curva de aprendizaje, por lo que hace falta también capacitación a los actores que intervienen en los procesos de justicia.