A partir del mes de noviembre se podrían empezar a ver funcionarios públicos que renuncien a sus cargos, en busca de contender por uno nuevo durante el proceso electoral 2020-2021, toda vez que las precampañas a la gubernatura inician el 10 de noviembre y las de diputaciones locales y ayuntamientos el 30 de noviembre. La consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Zelandia Bórquez Estrada dijo que, aunque la ley no obliga a funcionarios a separarse de sus cargos para participar como precandidatos en sus partidos políticos, es posible que algunos partidos establezcan dentro de sus requisitos para contender, el que tengan que hacerlo. Por otra parte, la Constitución Política de San Luis Potosí sí establece la obligatoriedad de que funcionarios públicos se separen de sus cargos, si quieren convertirse en candidatos. El artículo 47 indica que un funcionario público que desee contender en un proceso electoral, debe separarse de su cargo 90 días antes de la elección, es decir el 8 de marzo. El artículo 118, por su parte, establece que, si eres secretario, subsecretario, fiscal general o presidente municipal y deseas contender para el cargo de gobernador, debes haberte separado de tu anterior puesto al menos 120 días antes de la elección, es decir que, si la jornada electoral será el 6 de junio, estos funcionarios deben separarse de su puesto el 6 de febrero. Bórquez Estrada explicó que estas consideraciones en la ley buscan evitar que funcionarios públicos usen sus cargos y los recursos públicos a su disposición para promover su imagen de cara a la jornada electoral y, por ello, se les pide separarse de su cargo antes de que inicie la campaña. Sin embargo, la consejera dijo que, a raíz de que se aprobó la reelección en cargos como presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores, existe una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permite a estos funcionarios públicos permanecer en su cargo mientras efectúan campaña para reelegirse, esto con el fin de permitir que cumplan sus trienios o sexenios al 100 por ciento. “Se debe establecer el procedimiento para garantizar, por un lado, que esas personas puedan hacer uso de su derecho a la reelección y, por otro lado, vigilar que en ningún momento puedan tener a su cargo esos recursos públicos para aplicarlos a su favor”.