El pasado fin de semana fue asesinado en Tejupilco; Estado de México Nevith Condés Jaramillo, Director del Portal el Observador del Sur con lo que suma 17 el número de periodistas ejecutados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; Contrario a lo que sucede en el mundo, mientras los atentados a periodistas y comunicadores disminuyen, en México la tendencia se mantiene en aumento y si 2017 y 2018 fueron declarados los peores años para el ejercicio del periodismo en territorio nacional, con la muerte de Cóndes Jaramillo se ratifica el señalamiento que hace unas semanas realizaran los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kaye y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Edison Lanza, en el sentido de que ante la falta de presupuestos y recursos, el Gobierno de México podría verse rebasado en dar garantías de seguridad a periodistas y comunicadores. Días después el Presidente Andrés Manuel López Obrador señalo que eran falsos los señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas “si no hubiera austeridad entonces no habría dinero”, “la protección de la vida es lo más importante”. López Obrador descartó que como consecuencia de la austeridad no se cuente con recursos para proteger a periodistas amenazados. En lo que va de la administración de López Obrador, suman ya 17 los periodistas asesinados y más de un centenar de amenazas; los cambios en espacios informativos en los medios electrónicos han sido una constante ante la necesidad de los medios de adaptarse a nuevas políticas editoriales derivadas del cambio de régimen. Organizaciones gremiales a lo largo de los últimos tres años, hemos realizado estudios y nos hemos involucrado en la problemática que significa el respeto al Derecho a la Información y la Libertad de Expresión. No es valido solo el alzar la voz cada que se atenta contra un periodista o comunicador, ahora sabemos que hay una gran desigualdad en el marco legal para el ejercicio del periodismo en los estados de la república y que el mayor porcentaje de atentados contra la libertad de expresión son orquestados por instancias del propio estado mexicano desde los tres niveles de Gobierno. Sabemos que no existen fiscalías especializadas para la Libertad de Expresión en nueve de las 32 entidades federativas y que solo 12 estados cuentan con un mecanismo local de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, incumpliendo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda quienes ejercemos el periodismo en forma oportuna, veraz e imparcial sabemos que nuestro trabajo es un pilar de todo régimen democrático y estamos conscientes de que solo involucrándonos en la problemática podremos plantear vías de solución a la grave situación que día con día enfrentan periodistas y comunicadores en el ejercicio profesional; por lo que una vez mas lanzamos un llamado a las autoridades para que se conforme un grupo de trabajo que permita plantear medidas preventivas y establecer acciones de protección para periodistas y comunicadores en nuestro país.