El Tribunal Superior de Justicia entregó al Tribunal Estatal Electoral información sobre la situación jurídica de María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN y PRD al gobierno del estado, con relación a las causas penales que se siguen en su contra. El sábado por la noche el TEE pidió conocer las etapas en que se encuentran tanto la vinculación a proceso como las medidas cautelares adoptadas por la autoridad judicial respecto a la investigación que se le sigue a la panista por sus nexos con la “nómina secreta” de César Duarte. El pasado 2 de abril Maru Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, porque habría recibido 10.3 millones de pesos por parte del exgobernador entre 2014 y 2015 a cambio de apoyarlo desde el Congreso del estado cuando la panista era diputada. No obstante, al siguiente día el Instituto Electoral aceptó su registro como candidata, lo cual dio pie a tres impugnaciones por parte de los partidos Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Morena. La autoridad electoral acumuló los tres juicios en uno solo con el número RAP-65/2021. El 5 de Abril, el representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral, Diego Villanueva González, presentó por escrito una solicitud de juicio electoral en contra de la resolución emitida por el IEE el 3 de abril, al considerar ilegal la aceptación de la candidatura de la exalcaldesa panista por estar sujeta a proceso penal por el delito de cohecho, luego de que un juez validó las pruebas que la involucran en el caso de la “nómina secreta”. El TEE acumuló los tres expedientes presentados por los partidos antes citados en uno solo y requirió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua que este domingo le proporcionara la información sobre las causas penales que se siguen en contra de Campos Galván. Además de la vinculación a proceso por el delito de cohecho, la panista está involucrada en una investigación por sobornos contra empresas contratistas del ayuntamiento de Chihuahua durante su desempeño como alcaldesa, y recientemente también fue acusada de fraude procesal. La audiencia inicial respecto a la investigación por pedir moches a empresas fue diferida el viernes pasado por quinta ocasión.

-- Excélsior