La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) envió la recomendación 07/2018 sobre el caso de omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, S.L.P., los días 14 y 23 de junio de 2016, así como dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos. Está dirigido el documento a Jorge Vega Arroyo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Federico Garza Herrera Fiscal General del Estado, Jaime Pineda Arteaga titular de la SSPE y a Saúl García Rodríguez encargado de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí. De acuerdo a lo que relataron las víctimas el 14 de junio de 2016 un grupo de personas entre ellas un actuario judicial, así como varios elementos de seguridad privada y operadores de maquinaria pesada, se presentaron en un restaurante propiedad de uno de los habitantes de la comunidad Noria de San José, quienes sin mostrar mandamiento judicial alguno, le informaron que llevarían a cabo el desalojo y demolición del restaurante, esto a pesar de la existencia de un Juicio Agrario en contra de la Empresa, el cual se tramita en el Tribunal Unitario Agrario y que a la fecha de presentación de la queja no había sido determinado en definitiva. Por lo anterior, llamaron telefónicamente primero a la DGSPM de SLP y Policía Ministerial del Estado, donde les informaron que no podían intervenir en esa situación por tratarse de un litigio entre particulares, por lo que se comunicaron a la Policía Estatal para pedir el auxilio. Sin embargo se acercaron a las víctimas, les informaron que ya habían revisado la documentación exhibida por quien se ostentaba como actuario judicial, por lo que al estar en regla no podrían intervenir. Por lo que los operadores de maquinaria pesada procedieron a la demolición del restaurante y de otra construcción. Luego de una serie de actas circunstanciadas documentadas por la CEDH En concordancia con ello y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, determinó el organismo que es necesario que las autoridades impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, el tema de derechos humanos, en particular, sobre los derechos a la libertad personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a los requisitos legales así como del código Nacional de Procedimientos Penales, y de los derechos que prevalecen durante la detención

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