A tres meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña, la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo quedó en libertad. Miguel Ángel Aguilar López, Magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, sentenció que los más de mil 978 millones de pesos que le acusaron haber lavado tenían un origen legal. Además, la documentación bancaria con la que fue acusada se obtuvo sin la autorización de un juez. El Magistrado consideró que el SNTE tampoco presentó una querella o dijo estar agraviado por algún ilícito de la maestra. El 27 de febrero de 2013, apenas 3 meses después de asumir la Presidencia, Peña Nieto emitió un mensaje a la Nación en el que asumió la responsabilidad de la captura de Gordillo y advirtió que nadie puede estar por encima de la ley. La lideresa fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca al descender de un jet privado proveniente de San Diego, California. Fue el principal golpe político y mediático de Peña. Al final de su mandato, la defensa jurídica de Gordillo echó abajo las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada formuladas por la PGR. Desde la madrugada de ayer, la ex dirigente del SNTE no tiene restricción para circular con libertad o hacer vida pública. Según la sentencia de la apelación 156/2018, el Magistrado Aguilar sostuvo que, si el lavado no estaba acreditado, como consecuencia, tampoco podía sostenerse la imputación por delincuencia organizada, y por tanto decidió desechar el proceso contra Gordillo. "Los recursos que en la causa penal (...) se tildaron de ilícitos, no lo son () fueron ejercidos de acuerdo con los lineamientos y disposiciones del estatuto del SNTE, gremio que a través de sus órganos revisores y decisorios avaló esos egresos", dice el Magistrado. Y agrega que los recursos económicos provenientes de cuentas bancarias del SNTE, no estaban vinculados con una organización criminal. En su momento, el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam, informó que, entre 2008 y 2012, se detectaron movimientos inusuales en 2 de las 81 cuentas del SNTE para pagar cirugías estéticas y saldar compras en galerías de arte y tiendas departamentales de lujo, así como para liquidar tarjetas de crédito y adquirir inmuebles en California. Ayer, la Procuraduría manifestó su desacuerdo con el fallo pero dijo respetarlo. -- Reforma