Es claro el reto de la Gallardía, y no será nada fácil con lo que se refiere a la seguridad pública en el estado San Luis Potosí, la prevención, la procuración e impartición de justicia y el trato oficial a delincuentes presuntos o sentenciados, son factores en donde será necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos.  Para edificar e implantar el Plan Escudo y dar continuidad al plan Cuadrante que me parece una propuesta acertada por el nuevo Gobernante en turno y que lo ha hecho en en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, es iniciar o revisar la ampliación del catálogo de las prohibiciones vigentes que ya las enmarcó López Obrador en la legislación y así poder crear los mecanismos operativos para incrementar las sanciones y revisar nuevas cárceles o mejorar del sistema penitenciario potosino , también es necesario ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades potosinas, edificar más escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los menores infractores.  Por lo anterior, se debe transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa, de un estado de persecución a un estado de bienestar y de la ley de la jungla al imperio de la ley. Para hacer realidad estos propósitos y cumplir con la justa exigencia social de vivir en un estado potosino pacífico, seguro, sujeto al imperio de la legalidad y arbitrado por la justicia.  En ese sentido se ha elaborado el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 de López obrador y nuestro nuevo Gobernante y gabinete tendrá que observarlo, ya que en el se enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores en el estado. Con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación serán disminuidas Es importante regular y cuidarlos derechos humanos de los potosinos y procurar erradicar el feminicidio de forma absoluta que padece el estado, ya que es el síntoma de una crisis más profunda y resulta obligado mencionar en esta columna periodística que como elementos necesarios para restablecer el estado de derecho en todo el territorio potosino será primordialmente: reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar del gobierno federal, los procesos de pacificación en la huasteca por los que se deberá transitar, los recursos a mecanismos de justicia transicional, una nueva práctica penitenciaria, la regeneración ética de la sociedad potosina ,, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas o Guardia Nacional en San Luis Potosí en la seguridad pública, así como las reformas legales que serán necesarias para poner en práctica este plan de gobierno potosino . Este enfoque integral y transversal es la consecuencia lógica de una certeza: que así como la inseguridad y la violencia hacen imposible la consecución del bienestar, la paz social no puede conseguirse sin bienestar y sin justicia, y el gobierno estatal que entrará en funciones de manera inmediata tendrá que seguir estos ejes estratégicos.  Cabe señalar que que el abandono de la procuración de justicia durante estos dos sexenios del PRI y la descomposición institucional potosina que trasgredió los límites sociales de inequidad y la falta de probidad de muchos servidores públicos, tienen efectos desastrosos para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública en el territorio potosino en la actualidad. Las instituciones encargadas de la procuración y las instancias judiciales responsables de impartirla fueron decayendo y por lo tanto es emergente recomponer el rumbo.  Si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia –la delincuencia común y la delincuencia organizada– es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos. Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta termina desarticulando todo esfuerzo del Estado en el combate al delito. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante del próximo gobierno, tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Debe impedirse por todos los medios legales la asociación entre delincuencia y la autoridad Ese es el objetivo a cumplir y vivir sin miedo..