Ministerios públicos que desestiman denuncias, inadecuada implementación del Protocolo de Estambul, deficiencias en investigación forense, una defensa pública inadecuada, escasez de jueces y un mal sistema de quejas, permiten impunidad en casos de tortura. Así lo advirtió el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del sistema de Naciones Unidas (ONU), en el informe que emitió tras su visita a México en diciembre de 2016. El documento, que fue entregado al Estado mexicano se mantuvo bajo reserva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) lo obtuvo este mes mediante una solicitud de información pública. "Los ministerios públicos en su énfasis a la acusación, evidencian dificultades para reconocer que una persona sospechada de haber cometido un delito o una falta administrativa puede, a la vez, ser víctima de tortura y debe ser tratada como tal", expuso el subcomité en el primero de los seis factores que identificó que contribuyen a que los casos de tortura no sean castigados. Además, los especialistas de la ONU constataron que los médicos en los lugares de detención no consideran que documentar y denunciar la tortura sea parte de su labor, como indica el Protocolo de Estambul. El informe puntualiza que los servicios médicos forenses de la Procuraduría General de la República (PGR) demoran demasiado en realizar dictámenes especializados, y cuando lo hacen muestran parcialidad y tendencia a encubrir a sus colegas. En cuanto a la defensa pública, el subcomité recibió testimonios que señalan que los acusados no se reúnen con sus abogados de oficio previo a las audiencias ante jueces. "Preocupa al subcomité la evidente disparidad de armas entre las defensas públicas y los ministerios públicos, tanto en lo que hace al número de defensores en comparación con los fiscales, como también con relación a los recursos humanos con los que cuentan unos y otros", señaló. Sin embargo, el Subcomité también advirtió de un bajo número de jueces de ejecución penal y una sobreutilización de la prisión preventiva. "En la mayoría de los casos, los mecanismos de queja en las cárceles incluían un buzón, a menudo no cerrado, para sugerencias y quejas, lo que no garantizaba su confidencialidad", comentó. Según los datos que obtuvo, actualmente en México se indagan más de 4 mil 700 casos de tortura, mientras que en el fuero federal sólo hay antecedentes de 5 sentencias, y en el fuero común, de 10. Como recomendación, el subcomité pidió al Estado mexicano eliminar el arraigo, e incluso mencionó que su bajo nivel de utilización demuestra que no es necesaria esa figura. Además, sugirió garantizar que las pruebas obtenidas bajo tortura no sean admitidas en procesos judiciales y resaltó la importancia de tener un registro unificado a nivel nacional de todo tipo de detenciones. -- Reforma