La Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí señala que a un año de la declaratoria de Alerta de Género, las secuelas de la violencia hacia las mujeres han cobrado vidas, familias y espacios de garantía de derechos por lo que exigen al Gobernador del Estado de San Luis Potosí, que asuma un compromiso real con las mujeres, de cara a los últimos tres años de su sexenio, que emprenda las medidas internas y el llamamiento efectivo institucional para salvaguardar la vida de las mujeres en San Luis Potosí. La Mesa Ciudadana esta conformada por Arely Torres Miranda consejera Social del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora-investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, Elizabeth Rapp Saint Martin, presidenta de la Asociación Civil "Otra Oportunidad "A.C y Oresta López Pérez investigadora del Colsan. En un comunicado, la mesa ciudadana recordó que fue el pasado 21 de junio de 2017, tras valorar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo, CONAVIM, determinó declarar la alerta de violencia de género para los municipio de Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. “Aun año de la declaratoria el balance de acciones emprendidas implica valorar que, de entrada, el mecanismo no previó un proceso de coordinación y acompañamiento efectivo entre la CONAVIM y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y que las medidas declaradas obedecen a un conjunto de respuestas estandarizadas desde la federación, sin una adecuación a las especificidades de los Estados", señala. Aunado a lo anterior, se indica que desde la instalación de la mesa de trabajo que encabezó el gobernador, no hubo un mensaje público de cero tolerancias a la violencia contra las mujeres, así como un acuerdo de reparación de la memoria colectiva con las familias de las víctimas. A ello suman que el cumplimiento de las medidas contenidas en la declaratoria traduce acciones desarticuladas, parciales y sin eficacia material (como es el caso de la Fiscalía para mujeres, la unidad de contexto y las unidades de género), más la evidente falta de coordinación entre los componentes institucionales al interior del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, evidenciando sus diferencias internas, y afectando el correcto funcionamiento del mismo. La mesa ciudadana señala que se presenta una ausencia de mecanismos estatales para coordinarse y actuar de manera conjunta con los municipios en estado de alerta. “El estado de violencia y crueldad que se ejerce en los cuerpos de las mujeres es alarmante, tan solo en el año que ha transcurrido, la cifra de feminicidios y muertes violentas de mujeres asciende a las 61”. Finalmente se indica que las instancias han sido incapaces de dar seguimiento puntual a las denuncias de víctimas, han sido omisas en decretar órdenes de protección y así garantizar las vidas de las mujeres. Mientras el Estado es indolente a esta realidad, hay una sociedad civil desgastada e insatisfecha que ha exigido continuamente la activación e implementación de acciones reales, y frente a ese escenario, las acciones más comprometidas y reales provienen de la sociedad civil y la academia.