La situación que vivimos las mujeres, de todas las edades, es cada vez más insegura y violenta. El espacio que les estamos heredando a las niñas se ha convertido en el más inhóspito y cruento. El mes de febrero fue uno de los más brutales de los últimos 6 años con las mujeres, de acuerdo a información periodística, y al seguimiento que puntualmente hago de las muertes violentas de mujeres y niñas en San Luis Potosí, se asesinó a una mujer cada tercer día. En el mes de febrero fueron 10 familias que no volverán a ver a su madre, hermana, hija, sobrina, nieta. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres, contra las niñas y los niños, es un tema en el que deben estar involucradas todas las poblaciones para evitarla, erradicarla y por supuesto para atender los casos de maltrato y evitar que se conviertan en muertes violentas contra las niñas. El caso de la niña Camila, con apenas nueve años de edad, fue asesinada de una manera despiadada, desalmada, la atacaron a balazos sin que su familia pudiera evitarlo. Cuando llegó al hospital, era demasiado tarde. Camila debería seguir aquí, en su casa, jugando en la banqueta de su calle, esperando poder regresar a las aulas para seguir en sus clases. Una niña que apenas comienza su vida, no debe tener el final de Camila, y sobre todo que nadie en nuestro entrono nos indignemos y alcemos la voz: Justicia para Camila. Es preocupante que la sociedad entera se movilice por el asesinato de un empresario, pero se queden paralizados frente al asesinato de una niña en una colonia popular. Es un acto de discriminación para las mujeres, que la indignación frente a la muerte, a los feminicidios, se esté normalizando. Las mujeres durante el mes de marzo le seguiremos recordando a la población que las violencias contra nosotras son actos deleznables, la pasividad como sociedad frente a los asesinatos violentos de mujeres, representa también, lo que en realidad nuestro entorno invisibiliza los hechos que todos los días hacemos públicos de actos que son diferenciaciones por la condición de género. En casi todos los contextos, señala la Organización Panamericana de la Salud, en el informe “Violencia y Feminicidio de niñas y adolescentes en México”, la tasa de muertes violentas de niñas y adolescentes en nuestro país ha fluctuado en la última década en 1.7 por ciento por cada 100 mil niñas y adolescentes. Las niñas de entre 5 y 9 años de edad es el grupo más afectado con niveles más altos de violencia familiar. Las agresiones se producen en su mayoría, en los hogares, perpetuados por familiares directos, las personas adultas utilizan su posición de poder y de confianza. La protección para las niñas sigue siendo muy débil, se deja a los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y que forman parte de las estrategias de los sistemas DIF en cada una de las entidades y los municipios, con lo cual no llegan a consolidarse políticas públicas orientadas, a proteger, a las niñas y a los niños. Recordemos que durante el año pasado fueron asesinadas dos niñas, una de apenas un año de edad y otra menor de seis años. El caso de la pequeña Camila, asesinada la segunda semana de marzo, nos indigna, y también el caso de Nicole, de Hidalgo. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) informó que durante la pandemia de Covid 19, se han registrado 10 feminicidios cada mes, en niñas y adolescentes, generalmente han sido por arma de fuego y en vía pública. Es una exigencia que funcionen las instituciones del Estado que están constituidas para ese propósito, para cuidar a las infancias. El asesinato cometido en niñas y adolescentes, no solamente no deben quedar impunes, debe mover la conciencia del Estado para evitar que otra niña corra la misma circunstancia. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, han señalado cuatro áreas prioritarias para la prevención de la violencia en las infancias: a) Mejorar el alcance, la calidad, la difusión y la utilización de los datos sobre violencia contra las mujeres y contra las niñas para desarrollar políticas públicas basadas en evidencias. b) Fortalecer la capacidad para prevenir las violencias contra mujeres niñas y niños. c) Mejorar la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres y los niños. d) Apoyar la elaboración y revisión de estas políticas y planes nacionales.