El gobierno federal reclama a los estados el reintegro de 20 mil 206 millones de pesos por observaciones que no fueron solventadas entre diciembre y junio pasados. De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública concluyó el seguimiento de 401 observaciones que fueron determinadas a los gobiernos estatales. Están en proceso de atención nueve mil 698 observaciones que representan un monto por solventar de 46 mil 121 millones de pesos. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 se determinaron dos mil 723 observaciones sobre las cuales los gobiernos de los estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20 mil 206 millones de pesos. Esto debido a que no se aportaron mayores elementos para ser solventadas. Son mil 590 observaciones por un importe de seis mil 180 millones de pesos, en las cuales los Órganos Estatales de Control deben acreditar el inicio del procedimiento administrativo de los servidores públicos responsables. En general, según el Primer Informe, se recibieron 20 mil 504 denuncias por corrupción o faltas administrativas en toda la administración pública federal; se han concluido tres mil 536 investigaciones y permanecen abiertas 16 mil 387. Esto representa un incremento de 38% en el número de denuncias recibidas respecto al periodo comprendido entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Por citar algunos ejemplos, las investigaciones están relacionadas con el robo de hidrocarburos; posibles irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, actuación bajo conflicto de interés de miembros de Órganos Reguladores, desvío y uso indebido de recursos públicos, así como contratación indebida de servidores públicos. Centralmente, la SFP ha iniciado 60 investigaciones por presuntas faltas administrativas, que representan más del doble (230%) de las investigaciones abiertas en los últimos 11 meses de la administración anterior (26 investigaciones). Asimismo, se impusieron mil 736 sanciones a mil 426 servidores públicos. De ellas, 502 fueron inhabilitaciones, 103 destituciones, 123 sanciones económicas por un total de 674.4 millones de pesos, 353 suspensiones y 655 amonestaciones públicas y privadas, principalmente por negligencia administrativa. Además, hubo sanciones por incumplimiento de declaración patrimonial, violaciones al procedimiento de contratación y abuso de autoridad, entre otros. Se concluyeron 48 actos de fiscalización. De estos cuatro corresponden a visitas de inspección financiera y de cumplimiento y 44 auditorías. Además, se encuentran en ejecución 346 actos integrados por: 31 visitas, 276 auditorías, 35 seguimientos y cuatro verificaciones de calidad; y se concluyeron 354 auditorías externas. -- EXCÉLSIOR

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