Algunos de los parámetros que se utilizaron para evaluar la eficiencia de las 33 fiscalías anticorrupción del país, por parte de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, no están en manos de la institución y quien la encabeza, afirmó el titular en San Luis Potosí, Felipe Aurelio Torres Zúñiga. 

De acuerdo con el estudio “Fiscalías Anticorrupción. Un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”, a la Fiscalía potosí le fue otorgada una calificación de cero.  Se analizó el grado de autonomía de las 33 fiscalías especializadas en combate a la corrupción de México, así como en determinar si existe una relación entre esta autonomía y la eficacia de estas instituciones, con especial énfasis en las sentencias condenatorias conseguidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Al respecto, en un principio el actual fiscal Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien lleva poco más de tres meses en el cargo, recordó que durante ese periodo estuvo a cargo el exfiscal Jorge Vera Noyola, quien renunció a su cargo en enero de 2020, y a lo largo de ese año, la institución permaneció acéfala.  Dentro de los principales hallazgos de esta investigación se encuentran: una mayor autonomía no implica mejores resultados, en este sentido, Torres Zúñiga explicó que los parámetros en los cuales se basó el estudio no están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.  Tales como la duración del mandato del fiscal anticorrupción, hecho que depende del Congreso del Estado, el ejercicio del presupuesto directamente por el fiscal, así como la aprobación del presupuesto solicitado.  En relación con las sentencias, recordó los 14 meses que la institución no contó con un fiscal, los retos que trajo la pandemia y los plazos de otras dependencias de las cuales depende para avanzar en las carpetas de investigación y que ello derive en posibles sentencias.  El fiscal explicó que se trabaja en las investigaciones, estableciendo comunicación y trámites con las dependencias, organismos autónomos e instituciones para que les entreguen de una manera más ágil la información que necesitan para avanzar.  Los diputados Rolando Hervert Lara e Isabel González Tovar impulsaron una iniciativa para aprobar las modificaciones legales para asegurar la autonomía financiera, técnica y de gestión de la Fiscalía Anticorrupción.  Sin embargo, al no contar los recursos para su aplicación no fue posible lograr la mayoría de los votos que requería dicha modificación constitucional, que buscaba autonomía técnica y de gestión, al contar de manera permanente con un presupuesto fijo para el ejercicio de sus funciones, a partir de lo aprobado anualmente por la Fiscalía General del Estado (FGE).  Aunque según el referido estudio, no siempre a autonomía se traduce en la obtención de sentencias condenatorias, como fue con los casos de Campeche, Jalisco y Veracruz; pues fiscalías con índices de autonomía menores al promedio como las de Puebla y Zacatecas sí consiguieron sentencias condenatorias.