Los actos de corrupción cometidos en el estado de San Luis, no solo serán perseguidos e investigados contra funcionarios corruptos, sino también contra aquellos particulares que los cometan, así lo aseguró Ulises Valencia, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, para Noticias de la Noche. Abordó que se ha despertado un fuerte debate entre los potosinos, entorno a las personas que integran las ternas propuestas para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción y Electoral en el estado. Explicó que, la Fiscalía Anticorrupción emergió en el Sistema Jurídico Mexicano, derivado de reformas a la Constitución federal del año 2015, donde se pretendía atacar el flagelo de la corrupción, por lo que se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción. A cada uno de los estados del país, les corresponde establecer una Fiscalía Especializada Anticorrupción que tendrá una duración de 7 años, tendrá autonomía técnica y de gestión, cuyo titular no podrá ser removido por el Ejecutivo, esto a pesar de que la propuesta viene del mandatario estatal y es designado por el Congreso. La intención de su creación es atacar problemas como el de la procuración de justicia en México, mismo que dependía del Ejecutivo en turno local y federal y limitaba el margen de maniobra de investigación. “Ahora gozan de una autonomía tal que no pueden ser removidos, no son empleados del gobernador ni del presidente de la república”, declaró.