El juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones obsequió la primera suspensión provisional con efectos generales para todo el país que impide la entrada en vigor de la ley de hidrocarburos. El titular del órgano jurisdiccional, Juan Pablo Gómez Fierro argumentó que con el fin de no afectar a las empresas del sector se concedió la protección de la justicia federal debido a que la ley impugnada pudiera dañar la competencia y libre concurrencia al otorgar a Petróleos Mexicanos un papel protagónico en tal industria. En su análisis destacó que la nueva ley quitó toda posibilidad a las compañías privadas de ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que estén ocupadas o suspendidas, lo que se traduce en que Pemex y sus filiales tengan exclusividad en las contrataciones, detalló la resolución. "Este precepto otorga una ventaja competitiva para ciertos participantes del sector, circunstancia que vulnera el derecho fundamental de libre competencia económica y concurrencia tutelado por la constitución. Aunado a que, este tipo de ventajas también podrían abonar a que Petróleos Mexicanos retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector” se destacó por parte del juez Gómez Fierro. Adicionalmente, expuso que los preceptos transitorios de la ley podrían disminuir de manera importante el número de participantes proveniente de los mercados de hidrocarburos y petroquímicos. "Conviene recordar que los artículos cuestionados ordenan la revocación inmediata de aquellos permisos que, a la entrada en vigor del Decreto reclamado, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría de Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; que no cumplan con los requisitos correspondientes o que infringen cualquier disposición de la Ley de Hidrocarburos". La demanda de amparo fue presentada por Abraham Banda Flores, Rubén Tamez Flores, Alberto Maceira Balboa y por Carlos Jaidar Castro como representantes legales de Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc y de Distribuidora de Combustibles Mil contra actos emanados de la cámara de diputados y el jefe del ejecutivo federal. Al dar a conocer sus sentencia, el juzgado ordenó a la secretaría de energía que en el plazo máximo de tres días hábiles difunda el contenido de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo que se deberá aplicar en tanto se resuelve de fondo el asunto son los artículos que prevalecían hasta antes de la reforma. --

Con información de Excélsior / DAVID VICENTEÑO