GINEBRA. La decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar la limitación de tiempo que pueden pasar los niños migrantes en sus centros de retención es contraria al derecho internacional, afirmó este miércoles la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En una rueda de prensa, Bachelet dijo estar preocupada por el anuncio en agosto del ministro de Seguridad Interior estadunidense de querer poner fin a una decisión judicial de 1997, llamada 'Flores', que obliga a las autoridades federales a mantener a los niños detenidos un máximo de 20 días. La administración del presidente estadunidense Donald Trump considera que la jurisprudencia Flores ya está superada, y quiere que el límite de 20 días quede anulado en los próximos dos meses. Varios estados de la Unión ya anunciaron su intención de oponerse a la decisión en los tribunales. (Convertir en ilimitada la detención) es contrario a todas las convenciones legales, al derecho internacional, a los derechos humanos y a las leyes sobre los niños", dijo Bachelet.

La Alta Comisionada apuntó que la convención de los derechos de los niños estipula que sólo pueden estar detenidos como último recurso y durante el menor tiempo posible. Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en uno de los pilares de su presidencia y de su campaña para ser reelegido en 2020. El año pasado Trump provocó la indignación, incluso de entre sus socios republicanos, con su política de "tolerancia cero", que separaba a las familias en la frontera. En junio de 2018 rectificó. Sin embargo, Bachelet aseguró este miércoles que "centenares de niños suplementarios fueron separados de sus familias desde (...) junio de 2018". Pensamos que la separación arbitraria de las familias constituye una injerencia arbitraria e ilegal en la vida familiar y una grave violación a los derechos del niño", declaró.

La responsable de derechos humanos de la ONU también se opuso a la nueva regla anunciada por el gobierno republicano de rechazar la nacionalidad estadunidense a los migrantes que reciben ayudas sociales. -- EXCÉLSIOR / AFP

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