De acuerdo a la Ley Electoral, las y los precandidatos a diversos cargos de elección popular deben cumplir con el proceso de fiscalización sin importar que no hayan alcanzado una candidatura, o si declinaron o renunciaron a la misma. Marco Iván Vargas, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), explicó que tras la reforma que se realizó a la Ley Electoral, a partir del 2014 es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, revisar el comportamiento financiero en los procesos de precampañas. Informó que la medida es aplicable también para quienes buscan una candidatura ciudadana, a diferencia de que estos, tienen que informar sobre la cuenta bancaria que utilizarán en su precampaña misma que será auditada. Recordó que los precandidatos ni con partidos ni ciudadanos reciben algún tipo de financiamiento, pero si están obligados a informar de todos los movimientos de su proceso, sin importar incluso si no alcanzaron la candidatura o renunciaron. Indicó que una vez que el precandidato entrega su información a la Unidad Técnica de Fiscalización, ésta cuenta con un lapso de poco más de 30 días para revisarla y turnarla a la Comisión de Fiscalización del INE, que deberá emitir un dictamen al respecto. Expresó que las dos fallas más comunes es que se rebase el tope permitido para sus actividades, o bien, que se cometan omisiones en la integración del reporte de movimientos financieros. Por lo regular, explicó, las omisiones se reparan con sanciones económicas aunque en casos muy graves, también puede impedirse la candidatura.