El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas entregó en tiempo y forma al Congreso del Estado la Cuenta Pública 2020, la cual refleja compromiso con la ciudadanía potosina, ante el contexto de un año atípico por las complicaciones derivadas de la pandemia mundial por COVID-19.

Para afrontar los múltiples retos que impuso la pandemia por COVID–19, el Gobierno del Estado instrumentó una serie de políticas de austeridad y de gestión de recursos orientadas a dos propósitos fundamentales: atender eficaz y oportunamente las necesidades sanitarias en aras de reducir el número de contagios y decesos en la población; y proteger en la medida de lo posible los ingresos de las familias potosinas, así como los empleos en el sector formal e informal, facilitando con ello la reactivación económica en este inédito escenario para la historia de nuestra entidad.

Los ingresos de libre disposición proyectados para el ejercicio 2020 fueron afectados de manera importante por la contracción del -8.5% del Producto Interno Bruto en el país además de otros factores externos al Estado, tales como el cambio en las reglas de operación del Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

En materia de ingresos propios se registró una reducción del 18.4% respecto a los ingresos proyectados en Ley (-926.9 mdp).

Para compensar estas reducciones, entre otras estrategias, se solicitó autorización al H. Congreso del Estado para reestructurar los tres principales créditos de deuda pública, misma que no ha prosperado a la fecha, descartando con ello a su vez, la posibilidad de solicitar la autorización de un nuevo endeudamiento. Ello obligó a realizar una reestructura que no implicó la aprobación del Congreso, en la cual se difirió el pago durante 4 meses del 95% de los intereses devengados de los dos principales créditos de deuda.

Asimismo, derivado de la expectativa de apoyos extraordinarios por parte de la federación que no se concretaron al cierre del ejercicio, se tuvo que recurrir al financiamiento mediante dos créditos a corto plazo que en suma importan 1 mil 300 mdp, a fin de enfrentar parte del gasto extraordinario generado por la contingencia sanitaria, así como para cubrir adeudos del sector educativo.

Se incrementó el gasto del sector salud para la atención de la emergencia sanitaria por un monto de 499 mdp, destinado entre otras cosas a los centros “Centinela”, la reconversión hospitalaria y el equipamiento médico, de protección y de atención especializada, así como pruebas diagnósticas, filtros sanitarios y la adopción de medidas de sanitización en lugares públicos y medios de transporte.

Se aplicaron 420 mdp en estrategias para la reactivación de la economía y mayor asignación de recursos para atender a las familias más desprotegidas en la Entidad a través de apoyos alimentarios, así como créditos flexibles para micro, pequeños y medianos negocios.

Asimismo como parte de esta estrategia, se instrumentaron además estímulos fiscales mediante la condonación en el cobro de los impuestos sobre nómina y hospedaje, para la protección de más de 78 mil 600 empleos y beneficio para más de 17 mil contribuyentes; la aplicación de esquemas de diferimiento y condonación en el pago de derechos de control vehicular y cambio de propietario para beneficio de más de 34 mil contribuyentes; así como el establecimiento de convenios con ayuntamientos para la condonación del impuesto sobre nómina 2020, y adeudos 2018 y 2019, para que estos a su vez pudieran otorgar estímulos directos a sus habitantes.

Se destinaron 274 mdp adicionales a lo otorgado en el ejercicio 2019, para la operación del Hospital Central ante la disminución de recursos de gastos catastróficos pagados por el Insabi y la obligatoriedad de la gratuidad en la prestación de las atenciones médicas que se establecieron en la Ley General de Salud.

Se instrumentaron acciones de contención del gasto corriente (-99.5 mdp), reducción del gasto en nómina (-49.4 mdp), reorientación del gasto de inversión, reforzamiento de la recaudación local y gestiones extraordinarias en materia de recursos federales y locales.

Tan solo en este último rubro, se tienen en marcha gestiones federales para el sector educativo por 650 mdp relacionados al pago de nóminas e impuestos del subsistema telesecundarias (tanto para el personal en activo como jubilado); 186.4 mdp como compensación ante la entrada en vigor de la gratuidad en los servicios de salud y 460 mdp en resarcimiento a los gastos médicos ocasionados por la pandemia.

Asimismo, se contempla seguir avanzando en las solicitudes de reestructuración de la deuda bancaria y la desincorporación de activos estatales, como vías para impulsar el saneamiento de las finanzas en este último año de la administración local.

Igualmente, los efectos de la pandemia impactaron los recursos transferidos por concepto de participaciones a los municipios en -147.3 mdp.

De acuerdo a información dada a conocer por la Secretaría de Salud Federal, se prevé que los efectos de la pandemia continúen durante el ejercicio 2021 y parte del 2022, por lo que el resarcimiento del balance presupuestario negativo se realizaría entre los ejercicios 2022 al 2024, ya que para el ejercicio 2021 se tiene presupuestada una reducción de 620 mdp en ingresos de libre disposición respecto a los ingresos programados en el ejercicio 2020; y al continuar los efectos de la pandemia se requerirá de gasto adicional para el sector salud, por lo que no es factible financieramente destinar más recursos del ejercicio 2021 para resarcir el desequilibrio financiero generado.