A propuesta del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo hizo efectivo el aumento salarial con retroactivo al mes de enero del presente año, para elementos de seguridad pública estatal, peritos, ministerios públicos y custodios, el objetivo es mejorar las condiciones laborales del personal encargado de brindar seguridad a los potosinos. Lo anterior lo dio a conocer el diputado Edgardo Hernández Contreras, quien destacó la importancia de atender la demanda de los elementos de seguridad mediante un aumento salarial que les permitirá alcanzar mejores condiciones de vida, dijo “si queremos una policía que no sea corrupta, entonces hay que pagarles mejor a sus elementos”. El legislador reconoció el interés que mostró el propio Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, al cumplir con la entrega del aumento salarial que en su momento aprobó el Congreso del Estado por 158.5 millones de pesos dentro del presupuesto para el Capítulo 1000 que permitió favorecer en sus ingresos al personal de seguridad. “Estamos contentos, porque se tuvieron resultados de la lucha que se hizo por parte de este Congreso del Estado, al haber autorizado los 158.5 millones de pesos para fortalecer el rubro de seguridad en su capítulo 1000, al igual que a la Fiscalía General del Estado. Además, es importante que este ajuste se vaya cubriendo de manera gradual a fin de mejorar las condiciones del personal que brinda la seguridad a los potosinos”, agregó el legislador. El diputado Edgardo Hernández, recordó que en su momento se dialogó con el gobernador Juan Manuel Carreras donde se abordó sobre la necesidad de apoyar a los elementos de seguridad a través de los recursos económicos por 158.5 millones de pesos que les fueron aprobados por el Congreso del Estado como parte del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 y sobre todo, bajo el interés de fortalecer a los cuerpos de seguridad en San Luis Potosí. El legislador reiteró que este aumento salarial que les fue otorgado a los elementos de Seguridad Pública Estatal, forma parte de las gestiones que hizo el Congreso del Estado para contribuir a mejorar su calidad de vida y sobre todo para atender una demanda generalizada en el sentido de tener policías mejor pagados y que sean menos vulnerables a la corrupción.