A pesar de que las alertas de género son acciones de emergencias, los poderes ejecutivos solo están haciendo “folletitos” o “manualitos” pero no tienen una coordinación con las policías, ni un cambio de paradigma en cómo atender delitos como feminicidios o violencia en contra de las mujeres comentó Candelaria Ochoa Ávalos diputada federal de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de San Luis Potosí, mencionó que la pena contra los feminicidios ronda los 16 años de cárcel, cuestión inferior a lo que se registra en otros estados del país donde llega hasta 50 años. Por su parte, Claudia Corichi García diputada por Movimiento Ciudadano señaló que se tiene la preocupación de que ante las alertas de género no se está haciendo nada para evitar estos delitos pues los responsables tampoco han sido detenidos. “Cuando no se mandan señales de ejercicios ejemplares y claros, es muy fácil seguir cometiendo ilícitos, en un país donde además tienes niveles de impunidad arriba del 96 por ciento, solamente el 4 por ciento de los delitos se castigan, y San Luis Potosí no es la excepción”, puntualizó. “La alerta de género tiene 3 dificultades básicas, que no hay sanción a los funcionarios que son omisos o negligentes, que no hay presupuestos etiquetados para los municipios y los estados, tenemos en la Conavim un gran fondo que no se distribuye, el sistema de justicia sigue sin hacerle justicia a las mujeres”. Recordó que uno de los puntos que ha propuesto en la Cámara federal es que en el Código Penal se defina el feminicidio, sin embargo en los 32 estados de la República hay una disparidad así como en la sanción, incluido San Luis Potosí. Indicó que en la Cámara de Diputados se ha propuesto que en los municipios y en los estados haya recurso para combatir el tema, pero sobretodo se contemplen sanciones a funcionarios cuando son negligentes u omisos respecto al tema. Señaló que tampoco se cuenta con indicadores que especifiquen el avance en su aplicación.