Edith Olivares, coordinadora de análisis e incidencias de Amnistía Internacional, considera que llevar a elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, para evitar el paso de migrantes centroamericanos, representa un alto riesgo en materia de derechos humanos.  Precisó que comúnmente se habla de migrantes ilegales, cuando la realidad es que ninguna persona es ilegal y que lo que ocurre en la frontera sur no es exclusivamente un asunto migratorio, de seguridad, sino de crisis humanitaria, cuyas causas profundas son la violencia, la delincuencia y la pobreza.  Dijo que los elementos de la Guardia Nacional no están capacitados para tratar con migrantes y que para eso existen instituciones del Estado Mexicano, que se dedican al tema, pues de acuerdo a convenios internacionales que México ha suscrito es violatorio de los derechos humanos las detenciones masivas.  “Se debe revisar caso por caso pues está obligado según los tratados internacionales que ha firmado el país con anterioridad, por lo tanto los migrantes solicitantes de asilo devueltos sin una evaluación previa individualizada viola el derecho internacional, ya que socavan las garantías de las personas que huyen de su país a buscar protección internacional y también su derecho al debido proceso”.  Por todo ello, sostiene que las personas que llegan a la frontera deben ser evaluadas en forma individualizada y conocer sus casos, en lugar de detenciones arbitrarias, para así conocer qué tipos de riesgos corren si regresan a sus países, sus causas de migrar, además de control de salud y respeto a los derechos humanos. Lo que en efecto no estaría asegurado con la implementación de la Guardia Nacional.