La crisis política ha golpeado con dureza la economía de este país centroamericano, que crecía a un ritmo anual del 4.9 por ciento, uno de los mayores crecimientos de la región. Ahora, después de nueve meses de manifestaciones y una brutal represión del Ejecutivo sandinista, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y social (FUNIDES) estima que 417 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, mientras que 127 mil se encuentran en desempleo. La CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la economía nicaragüense tendrá el segundo peor desempeño de América Latina, con un decrecimiento de -2.0 por ciento. La crisis también ha generado un éxodo de nicaragüenses, que se refugiaban principalmente en Costa rica, país que ha recibido más de 40 mil migrantes "nicas", según las estadísticas de las autoridades migratorias de ese país. El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se jactaba en sus discursos del crecimiento económico en el país. Ortega, quien mantuvo durante una década una relación estrecha con las cúpulas empresariales, en lo que era denominado como el "modelo consenso", señalaba que las decisiones en temas macroeconómicos se tomaban entre los asesores y los representantes de los empresarios. Esa alianza económica con las cúpulas empresariales permitió a Ortega galopar la crisis económica internacional que golpeó al mundo en 2009. El Mandatario ofreció apertura para hacer negocios, facilidades para los inversores, rebajas de impuestos, mientras mantenía controlados los sindicatos, que aceptaban las normas del Presidente. Nicaragua, además, no contaba con los niveles de violencia de sus vecinos Honduras o El Salvador, lo que lo hacía más atractivo. El país mantuvo una década de estabilidad autoritaria, en la que Ortega gobernó con los buenos precios internacionales en productos de exportación, el apoyo de organismos financieros internacionales, la ayuda petrolera de Venezuela (más de 500 millones de dólares anuales) y la confianza de los inversores extranjeros. Mientras tanto, el ex guerrillero destruía la democracia con el control de las instituciones del Estado, el Parlamento y las cortes. Poco a poco fue reforzando un sistema autoritario, que perseguía y acallaba las voces críticas. Los empresarios, contentos con el buen rendimiento de la economía, se mantenían al margen de la deriva autoritaria de Ortega. Esa burbuja de crecimiento estalló en abril, cuando el sandinista impuso una reforma a la seguridad social sin consenso con los empresarios. Las medidas incluían un controvertido recorte del 5 por ciento a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores. El Gobierno aducía que son estos recortes buscaba rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad social (INSS), un sistema de estado de coma debido a años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al Mandatario, según investigaciones de la prensa independiente. Las cúpulas empresariales rechazaron las reformas y en Managua comenzaron manifestaciones de jubilados que exigían derogarlas. El Ejecutivo respondió con una dura represión, que causó un sentimiento general de rechazo. El 19 de abril estallaron las protestas en todo el país y aunque Ortega derogó la reforma días después, la gente ya exigía el fin de once años de autoritarismo. Ortega recrudeció la represión, al ordenar el ataque con armas de fuego contra los manifestantes. En cuatro días los muertos se contaban por decenas. La respuesta violenta hizo que la patronal rompiera el modelo de consenso. La crisis sacudió al economía y el turismo. La Cámara de Turismo calcula que el país ha dejado de recibir 600 mil visitantes extranjeros y suman pérdidas superiores a los 400 millones de dólares. El sector más golpeado ha sido el comercio, donde se han perdido al menos 172 mil empleos, según FUNIDES, un organismo relacionado al sector privado. La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de los nicaragüenses ha provocado un aumento de la pobreza. Los FUNIDES calcula que esta aumentará hasta 38.9 por ciento, un incremento de 9 puntos con respecto a 2014, cuando el Gobierno calculó que la pobreza afectaba el 29.6 por ciento de la población. De continuar la crisis en 2019, afirman desde el organismo, existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce. La revista Confidencial de Managua informó inicios de diciembre qe los bancos estadounidenses Wells Fargo y Bank of America rompían relaciones con los bancos nicaragüenses debido al aumento de riesgo en el país La cooperación venezolana se desplomó de 563.8 millones de dólares en 2011 a 30.9 millones de dólares en 2017, la fuga de capitales podría superar los mil millones de dólares. La inversión extranjera prácticamente es nula y EU ha impuesto sanciones al Gobierno de Ortega por la violación a los derechos humanos, lo que contribuye a espantar a los inversionistas. --

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