Derivado del proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto de las irregularidades encontradas en el proceso electoral local 2020-2021, se dio vista a diversas autoridades por posibles violaciones que podrían considerarse en hechos constitutivos de un delito electoral.  Por lo que se turnaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) cinco expedientes: tres de la campaña a la gubernatura Redes Sociales Progresistas (RSP), una para cada una de las alianzas: Sí por San Luis Potosí y la que integraron los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT). En caso de la investigación que se realizó de la campaña del excandidato José Luis Romero Calzada del RSP, se reportó la donación de una pipa de agua por un monto de 700 mil pesos y siete ambulancias, por un monto de seis millones 510 mil pesos.  Además de que registró aportaciones en especie de equipo de transporte, es decir el famoso helicóptero, sin embargo, de las documentales presentadas, se tienen indicios suficientes para determinar que el reporte de las operaciones no se realizó con veracidad, por un importe de un millón 856 mil pesos.   Con respecto a la coalición que abanderó a Octavio Pedroza Gaitán se detectó que recibió la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en un sindicato, por un monto de 422 mil pesos.  Finalmente, la alianza Juntos haremos historia, fue porque reportó egresos de forma subvaluada por un importe de 172 mil 956 pesos.