Para la primera quincena del mes de diciembre, San Luis Potosí, contará con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020 del Ejecutivo Estatal, en donde se buscará privilegiar las áreas en materia de seguridad, salud, educación y grupos vulnerables, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII Legislatura,  diputado Ricardo Villarreal Loo. Afirmó que lejos de colores o ideologías partidistas, los integrantes del Congreso del Estado, buscarán impulsar un presupuesto debidamente equilibrado que permita responder a las principales necesidades que demanda la población, sobre todo, en las áreas más sensibles de la administración pública estatal. Villareal Loo, reconoció que es importante que previo a que se presente la propuesta presupuestaria del Gobierno del Estado para el próximo año, al menos desde la propia Secretaria de Finanzas se esté generando la certeza de que no se tiene previsto implementar nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes. Sobre la posibilidad del Ejecutivo este previendo ejercer un presupuesto aproximado de 49 mil millones de pesos, el presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, reconoció que será complicado aplicar ajustes, pues gran parte del presupuesto tiene su origen de orden federal, por lo tanto, la mayoría de los recursos vienen debidamente etiquetados. Por Ley, el Congreso del Estado deberá aprobar el presupuesto estatal a mediados del mes de diciembre, pues a diferencia del año anterior, el presupuesto fue aprobado a principios del mes de enero del presente año, debido a que los tiempos dependían de la aprobación del presupuesto federal. “Ahora, será diferente, y seguramente lo tendremos listo en la primera quincena del mes de diciembre con la certeza de que será un presupuesto debidamente equilibrado”. Sobre la posibilidad de que no existen incrementos o la creación de nuevas cargas fiscales como ocurre a nivel federal, el legislador, señaló que como parte de la Comisión de Hacienda del Estado, se revisará que no se apliquen aumentos ni nuevos impuestos que afecten la economía de la ciudadanía.