El 92 por ciento de los delitos de corrupción denunciados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se mantienen impunes. De acuerdo con el Tercer Informe del fiscal, Federico Garza Herrera, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ha abierto 163 carpetas de investigación, de las cuales solo 13 se han logrado judicializar, es decir el 8 por ciento. En 56 de los casos se decidió no ejercer acción penal, otras 49 aún se encuentran en etapa de investigación, 24 fueron enviadas a archivos temporales, debido a que las investigaciones ya no avanzaron, en nueve se determinaron abstenciones, en ocho se declaró incompetencia, tres fueron acumulación y una impugnación. La Fiscalía reporta que la mayoría de las 13 carpetas judicializadas son por el probable delito de peculado, además reporta que, para obtener datos de prueba, se reunieron con ayuntamientos de Ciudad del Maíz, Salinas y San Vicente Tancuayalab. El tercer informe del fiscal también reporta que en algunas carpetas de investigación se logró el pago de la reparación del daño al ofendido, ocasionado en su mayoría por agentes policíacos municipales, exdiputados locales y funcionarios de administraciones pasadas de diversos ayuntamientos. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción no cuenta con un titular desde finales de enero de este año, tras la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola, sin embargo, el tercer informe de la Fiscalía reporta que el área se mantiene operando. DETECTA FISCALÍA 32 INTENTOS DE SOBORNO El Tercer Informe del Fiscal General también reporta que en lo que va del año se han rechazado 32 regalos que iban dirigidos a personal de la Fiscalía y que no tenían una justificación de su envío, por lo que se presumía que podía tratarse de intentos de soborno, dos de estos regalos se rechazaron en enero, 25 en febrero y cinco en marzo. La Fiscalía ha instaurado un Sistema de Gestión Anti-Soborno, el cual hasta el momento no ha tenido denuncias de actos de sobornos al interior de la Fiscalía, sin embargo, sí ha instaurado una política antisoborno que prohíbe a los miembros de esta instancia solicitar o autorizar la recepción de sobornos o incentivos ilegales con el propósito de influenciar en la decisión de los receptores.