La Auditoría Superior del Estado finalizó las auditorías a las cuentas públicas 2016 que se repusieron luego del escándalo de la Ecuación Corrupta. Al destaparse esa cloaca, las cuentas fueron rechazadas. En el caso de los ayuntamientos, el monto de observaciones financieras había sido de 537 millones de pesos. Es de esperarse que el nuevo proceso de auditoría y el hecho de que éste haya sido revisado por un despacho externo, traigan consigo un incremento notable en el número de observaciones y en su monto. Sería una estupidez que salgan con que el monto es menor. Las Cuentas Públicas Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 arrojaron observaciones financieras por 758 millones de pesos en los 58 municipios. Para el 2014, las inconsistencias fueron por 720 millones de pesos. Históricamente hay inconsistencias millonarias y ha habido años en que ninguna de las 58 administraciones municipales sale limpia. Todos, en mayor o menor medida, presentan observaciones que muestran el ejercicio irregular de los recursos públicos. La paradoja es que las auditorías dan como resultado muy probables actos de corrupción y la comisión de delitos, pero nunca hay castigo para nadie. Es decir, las auditorías simplemente se quedan en el papel porque no hay consecuencias para nadie. Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el Informe final sobre ele ejercicio de los recursos públicos federales tanto el realizado por la administración central y también por parte de las entidades federativas y ayuntamientos. El informe representa un agravio para la sociedad y es un golpe contundente contra la democracia: 6 mil 879 millones de pesos ejercidos de manera inconsistente, incluyendo desvíos flagrante. De ese gran total de recursos mal utilizados y que colocan a las autoridades al margen de la ley, 440 millones de pesos corresponden al ayuntamiento de San Luis Potosí. El alcalde Ricardo Gallardo Juárez, sería responsable de mal utilizar ese monto. Pero como suele ocurrir en los procesos de auditorías a nivel federal y local, no hay consecuencias penales contra los responsables del mal uso de los recursos públicos. Se pueden iniciar procedimientos en las Procuradurías o Fiscalías, pero los expedientes se congelan y se van empolvando al paso del tiempo hasta que se les olvida. El caso de la capital es muy grave: hay información aun extraoficial en el sentido de que el informe de auditoría de la cuenta pública 2016, vienen observaciones por 135 millones de pesos. Si se suman los 440 millones de la auditoría recursos federales, entonces la administración de Gallardo arrastraría el mal uso de fondos públicos por 575 millones de pesos. Se trataría entonces de un gobierno tan en entredicho como lo fueron los de Victoria Labastida o Mario García. No hay diferencia, tan corruptos los unos como los otros, no importan las siglas ni el color del partido de procedencia.

Lo reprobable es que no se castigue a nadie. Se gastan millones y millones de pesos en instituciones dedicadas a la fiscalización de los recursos, pero eso pareciera no servir de nada, pues no hay servidores públicos municipales en la cárcel. Lo que hay al final, es más de lo mismo: impunidad y más impunidad.