Cuando se habla de inequidad y desigualdad económica, se tiende a hablar invariablemente de un conjunto de medidas ideales para abatirlas. Sin embargo, detrás de una aparente coincidencia, se esconden los detalles que permitirían que medidas de esa naturaleza contribuyan a crear condiciones para un crecimiento económico más equitativo y sostenible y no a volverse en políticas que inhiban la generación de empleo, el crecimiento económico e incluso acentúen la desigualdad.

En este sentido, siempre se habla de una reforma fiscal integral pero casi siempre se refiere exclusivamente a la necesidad de establecer mecanismos impositivos hacia los sectores de mayor ingreso; particularmente aquellos que a través de impuestos reducidos a las ganancias de capital o de mecanismos corporativos, reducen su carga fiscal, contribuyendo incluso en términos relativos, menos que las personas físicas.

Esta discusión frecuentemente deja fuera temas necesarios para un resultado efectivo. En primer lugar, es necesario corregir las deficiencias de recaudación derivadas de la informalidad; en un país como México en el que más del 60% de la masa salarial es informal, es fundamental disminuir sistemática y aceleradamente la informalidad; tanto para incrementar la masa recaudada, como para crear condiciones, aparejadas al empleo formal, que contribuyen a disminuir la precariedad de quienes menos ganan.

Frecuentemente, también se olvida que los impuestos al consumo son aquellos que, de manera más eficiente, recaudan en función del ingreso y gasto de sectores de la población. Adicionalmente, se pueden agregar excepciones muy específicas, que eviten la generación de subsidios indeseables como el que hoy ocurre en medicinas, en donde la mayor parte del subsidio beneficia a la población que más gastan de manera privada en medicinas (los de mayor ingreso).

Otro aspecto que frecuentemente se omite, es la discusión sobre qué hacer con lo que se recaude. La recaudación de los que más tienen contribuye a disminuir su capacidad de generación de ingreso, pero para que una reforma fiscal genuinamente contribuya a la disminución de la desigualdad, requiere que los recursos se canalicen a “levantar el piso” de aquellos sectores más desfavorecidos. Pero no como subsidios al gasto (que son de corto plazo y sin consecuencia en la generación de riqueza de largo plazo), sino a través de mecanismos que efectivamente contribuyan a una elevación de la calidad de vida; siendo los dos principales aspectos que los estudios en distintos países demuestran, son los relacionados con la atención a la salud y la educación.

Lo anterior, frecuentemente se confunde con la necesidad de incrementar el papel del Estado en la prestación de estos servicios. Algunos de los países que tienen mejores sistemas de salud, son aquellos que han creado modelos híbridos de participación estatal y privada, que garantizan no solo la atención universal, sino el que ésta sea eficiente y adecuada.

De la misma manera, en el sector educativo, los países que mejor han avanzado en atender las necesidades de poblaciones amplias, son aquellos que combinan una selectiva participación del Estado en la prestación directa de servicios educativos, con mecanismos de transferencia cruzada que permiten al sector privado participar y ampliar rápidamente la oferta; para asegurar que la población, particularmente la de menor ingreso, adquiera las habilidades necesarias que les permitan incorporarse al mercado laboral y así mejorar sus condiciones económicas de vida.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. [email protected] – síguelo en Twitter @martinezsolares