Ciudad Victoria, Tamps.- Decenas de pruebas entre testigos, peritos y documentos, en medio de un fuerte choque de versiones, se presentan en el juicio contra Jorge Fernández, el esposo de la española Pilar Garrido, hallada muerta hace un año en el noreste de México. Un tribunal, conformado por tres jueces, decidirá en aproximadamente un mes, tras haberse presentado todas las pruebas, si Fernández es inocente o culpable, en un caso en el que se puede enfrentar hasta a 50 años de prisión por feminicidio. "No les gusta que digamos la verdad, pero la verdad es esta: Mi hijo es inocente. Y va a salir", aseguró a Efe Adriana González, la madre de Fernández, desde su casa en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, uno de los más peligrosos de México. "Le fabricaron el caso", agrega su marido, Jorge Fernández Villarreal, desde un comedor en el que sobresale una imagen colgada de su hijo y Pilar junto a su pequeño Dalmau. Abrazados a una cajita de madera que los presos con los que comparte reclusión le regalaron a Fernández para su hijo de dos años, los padres del reo aguardan el desarrollo del juicio. Pilar Garrido, de 34 años, desapareció el 2 de julio de 2017 cuando viajaba con su marido y su bebé en auto de regreso a Ciudad Victoria tras unos días en la playa. Según el esposo, fueron interceptados por sujetos armados y se llevaron a la mujer, con quien llevaba 11 años, en un punto intermedio de una carretera de dos carriles, poco frecuentada y con arbustos y matorrales a ambos lados del asfalto, según constató este miércoles Efe en un recorrido. El marido denunció el caso horas después y se elaboró un retrato robot de un presunto secuestrador. Pero al no haber petición de rescate, se clasificó a Pilar como "persona no localizada". A finales de julio se encontraron restos óseos y jirones de ropa cerca del lugar de la desaparición y 15 días después las pruebas de ADN permitieron identificar a la valenciana. Tras fuertes rumores extraoficiales que apuntaban al marido, el caso dio un vuelco cuando la fiscalía estatal detuvo finalmente a Fernández el 29 de agosto de 2017, tras hallar contradicciones en sus declaraciones. "Nuestra investigación está basada y soportada sólidamente en pruebas científicas y tecnológicas, todas ellas obtenidas a través de la legalidad", indica hoy a Efe el director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral de la fiscalía, Natanael Castelán. En el proceso la institución presentará más de 50 pruebas, que incluyen declaraciones de testigos "expertos y regulares", así como médicos, antropólogos, sociólogos y criminólogos. Y todo ello cumpliendo con el margen establecido de un año, tras varias apelaciones y exclusiones e inclusiones de pruebas. La forma cómo Pilar Garrido fue asesinada es uno de los puntos más relevantes y puede convertirse en clave para la fiscalía o para la defensa. "Los expertos determinaron que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica por estrangulamiento", aseveró Castelán. "No se sabe de qué murió, ni a qué hora, ni cuándo, ni dónde", asegura a Efe Martín Lozano, el defensor particular de Fernández, quien presentará unas 25 pruebas con las que busca enterrar el caso. Ante una investigación "muy endeble", continúa, en el juicio se esperan giros de guión. Especialmente por parte de los abogados del acusado. Tal y como adelantaron a Efe, cuentan con una informe elaborado por miembros de la Universidad Complutense de Madrid y tendrían pruebas que demuestran que el teléfono móvil de Pilar estuvo funcionando horas después de su desaparición. Por otro lado, la fiscalía tendrá el reto de demostrar la culpabilidad de Fernández, a quien señalan por tardar más de lo normal en llegar a la urbe y presentar la denuncia, y mentir sobre el recorrido que realizó. "Se me presionó por saber por dónde entré" a Ciudad Victoria, explicó a Efe desde el penal Fernández, licenciado en Criminología, que atribuye el desliz a una confusión, pues en días posteriores acompañó a fuerzas estatales y federales en muchos rastreos. Los padres de Fernández y la familia de Garrido han cerrado filas con él. "Conozco a Jorge y creo que es inocente. Quiero que busquen a los verdaderos culpables", comentó hace un año a Efe Rosa María Santamans, madre de la española.

Para los padres del imputado, el giro en las investigaciones hacia su hijo se debió a la "presión del Gobierno de España" sobre México. González denuncia incluso presiones a Santamans: "Cómo se atrevieron a tener a mi consuegra cinco horas intentando convencerla que su yerno era culpable". -- El Universal