Israel Vallarta, quien lleva 15 años en prisión preventiva por el supuesto secuestro en el polémico caso de Florence Cassez. podría obtener su libertad informo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La funcionaria federal recordó que por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el caso de Israel Vallarta ha sido revisado desde septiembre de 2019. Dijo que incluso se le propusieron alternativas a la defensa de Israel Vallarta para hacer valer en el proceso judicial y agilizar la emisión de una sentencia, sin embargo, no han aceptado esta estrategia. “La conclusión sería que el señor y su defensa no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente esta estrategia lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que, si esta estrategia se le aplicara el precedente Cassez, es previsible, muy muy probable que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa una causa penal pendiente”, explicó la titular de Segob. En relación a la otra causa penal que tiene pendiente, Sánchez Cordero informó que el 19 de julio pasado la defensa de Israel Vallarta presentó nuevas pruebas documentales que podrían alargar el proceso hasta que sean desahogadas. “Como decíamos si se le aplicará el precedente Cassez lo más probable es que en ese asunto o en esa causa penal él podría salir en libertad porque la sentencia de Cassez no es absolutoria sino la excarcelación de la francesa”, dijo la funcionaria federal. Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que los casos Israel Vallarta, Brenda Quevedo y de Isabel San Agustín tienen un componente en común, que es la tortura. “Hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia, en el tiempo que toman las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura”, dijo el funcionario. Alejandro Encinas manifestó que cualquier persona que haya sido objeto de tortura debe obtener su libertad inmediata y los torturadores deben ser castigados. “No podemos andar con medias tintas, cualquier persona debe ser puesta en libertad inmediata y los torturadores deben ser castigados. En este Gobierno no se tortura el día de hoy por parte de autoridades federales, tenemos algunos problemas en algunos estados y vamos a atenderlo”, aseveró. Gobierno de México excarcelará a presos torturados López Obrador anunció que publicará un decreto para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos que llevan 10 años sin sentencia y personas torturadas. “No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie, entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)”, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Sánchez Cordero, expuso que el Decreto de Política Carcelaria se dirigirá a los jueces de ejecución. Los adultos mayores excarcelados podrán cursar el resto de su condena en prisión domiciliaria. Cualquier persona que lleve presa 10 años o más sin una sentencia obtendrá su liberación, si el delito no es grave, al igual que cualquiera que compruebe tortura con base en el Protocolo de Estambul. “El presidente también ha instruido que en este Gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal”, declaró Sánchez Cordero. El Gobierno ha atribuido el problema al rezago que existe en los juzgados, al presentar que el Poder Judicial de la Federación tiene una carga laboral de 2.4 millones de trámites, mientras que los tribunales superiores de justicia de los estados tienen una de 31 millones. “No es posible que se tenga una dilación en la administración de Justicia, de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva”, expresó Sánchez Cordero. Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas. Con información de Noticieros Televisa y EFE.