Un estudio de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas realizado en San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Chiapas revelan que hombres, mujeres y niños que son contratados en centros agrícolas sufren serías violaciones a sus derechos humanos por no contar con certidumbre laboral, no tener acceso a la salud ni educación. Lo anterior se dio a conocer durante la presentación del libro “Información Nacional sobre la Situación de Jornaleros Migrantes” y el conversatorio sobre “Migración Jornalera Agrícola Interna”, asistieron la diputada Marite Hernández Correa, la diputada federal María Luis Veloz  e integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. La licenciada María Máyela Blanco Ramírez integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y del Centro Internacional y Gestión Pública A.C, informó que en el país se tienen identificados alrededor de siete millones de jornaleros agrícolas; sin embargo, “es un registro que aún sigue en construcción, porque la última encuesta que se tiene es del extinto Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que lleva 10 años sin actualizarse”. En el informe de “Los Derechos de las y los Jornaleros Agrícolas” presentado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, se puntualiza que la pobreza extrema es una de las principales condiciones que propicia la migración de los jornaleros agrícolas, ya que, el 97 por ciento de esta población presenta por lo menos una carencia social. Los hombres, mujeres y niños que se dedican a esta actividad sufren de serias violaciones a los derechos humanos, al ser trasladados en condiciones de riesgo, en donde son hospedados no cuentan con los servicios básicos de alimentación, atención médica ni educación para los niños y niñas que los acompañan, además, tienen ingresos precarios y en ocasiones quienes los contratan no cumplen con los pagos porque no existe una relación formal de trabajo. La Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas advierte que en los campamentos agrícolas los niños, niñas y adolescentes que ahí se encuentran, no tienen la garantía de acceso a la educación, viven en condiciones de hacinamiento, inseguridad, carencia de agua, la atención a la salud, cuando la hay, es burocratizada y deficiente, además los jornaleros y jornaleras indígenas no cuentan con traductores que les ayuden a realizar trámites administrativos. Entre los problemas detectados en San Luis Potosí, se informó que existe una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, por presuntas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y jornaleros indígenas agrícolas que trabajaban en Villa Juárez; y la Red de Nacional de Jornaleros Agrícolas identificó a través de una denuncia periodística que en el ejido Las Palomas, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz de denuncias de jornaleros agrícolas por la mala calidad e higiene de los alimentos que se les proporcionaba. En el conversatorio sobre San Luis Potosí como Estado de Tránsito y Destino de Migración Jornalera Agrícola Interna, participaron: Paulino Rodríguez Reyes en representación del Centro de Derechos Humanos, Mtra. Lilia Romero Perea de Respuesta Alternativa, A.C., así como la Mtra. Celia García Valdivieso del Centro de Derechos Humanos, Samuel Ruíz, A.C., el Dr. Guillermo Luévano Bustamante de la Clínica Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP. En el conversatorio de San Luis Potosí como Estado de Origen de Migración Jornalera Agrícola Interna, participaron: Lic. Rosaura Félix Rodríguez de la Promotora y Defensoría de Derechos Humanos del municipio de Xilitla, Lic. María Máyela Blanco Ramírez del Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C, e integrante de la Coordinación de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. En la presentación del informe “Violación de Derechos de las u los Jornaleros Agrícolas en México”, participaron: Joel Donato Beltrán, responsable de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala y el Lic. Hugo Armando Pérez Aguilar, coordinador de la oficina regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mtro. Hugo Armando Pérez Aguilar, coordinador de la oficina Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Lic. María Máyela Blanco Ramírez del Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C, e integrante de la Coordinación de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.