A pesar de que en un par de ocasiones se había presentado formalmente una iniciativa ante el Congreso, para modificar ciertas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para gravar las donaciones y herencias, la composición de un Congreso dominado por el PRI y el PAN no había sido tierra fértil donde pudiera prosperar dicho esfuerzo.
Ahora, considerando que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá una cómoda mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que dicho movimiento tiene un claro corte de izquierda y progresista, el panorama es muy distinto.
Existen diversos factores que, con la mezcla (¿in?)correcta de presiones externas, presiones internas y tiempos políticos, podrían pavimentar el camino para la inserción, en el corto plazo, de un gravamen de esta naturaleza dentro del marco jurídico mexicano.
Desde el punto de vista de las presiones externas, pareciera que hay dos que sobresalen, una teórica/académica y una práctica.
La teórica/académica consiste en la presión que ejercen sobre la toma de políticas públicas en el país los análisis, y comentarios que hace regularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta organización, con sede en París y liderada desde 2006 por el mexicanísimo José Ángel Gurría, emitió, en el primer trimestre de este año, el documento titulado Getting it Right: Prioridades Estratégicas para México.
Entre las recomendaciones que se hacen al país en este documento, están el fortalecimiento de la política fiscal de México, teniendo como uno de sus pilares la introducción de un impuesto sobre herencias y donaciones.
Las recomendaciones de esta organización siempre han traído un peso muy significativo en el diseño e implementación de políticas públicas en el país. En muchas instancias, México ha sido pionero de la puesta en marcha de las mismas.
No debería extrañarnos que así fuera en el caso de este impuesto, donde, como mínimo, la recomendación ha logrado poner el tema sobre la mesa de discusión a nivel nacional.
La presión externa práctica consiste en la Reforma Fiscal que se llevó a cabo en Estados Unidos a finales de 2017, particularmente la reducción de la tasa corporativa, de 35 a 21 por ciento. Esta importante reducción ha generado un relevante interés en grupos multinacionales, para migrar parte de sus actividades que actualmente se encuentran en otros países —incluyendo México— a Estados Unidos.
En la medida que esta disminución a su carga fiscal logre reposicionar a Estados Unidos como una jurisdicción atractiva, por su baja imposición, para el establecimiento de nuevos negocios o para la repatriación de actividades que, de otra manera, se pensarían establecer en México o que se habían deslocalizado a México, nuestro país se puede ver forzado a reducir su tasa corporativa para mantener su nivel de competitividad.
De darse esta situación, el gobierno federal, potencialmente, se vería forzado a buscar otras fuentes de recaudación que compensaran la caída en el Impuesto Sobre la Renta que, forzosamente, traería una reducción en la tasa del impuesto corporativo.
Desde el punto de vista de presiones internas:
La ambiciosa agenda de gastos social y de infraestructura que ha propuesto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena.
El escaso margen de maniobra que hoy hay en las finanzas públicas federales para permitir la reorientación del gasto público que se requeriría para atender dicha agenda, podrían fácilmente crear el incentivo ideal para propulsar la introducción de un impuesto adicional, v.g. el impuesto sobre herencias o sucesiones en alguna de sus modalidades.
López Obrador ha propuesto siete proyectos de infraestructura prioritarios, entre los que se encuentran la construcción del Tren Maya y el Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec. Simplemente con estas dos megaobras, se requerirían inversiones de miles de millones de pesos.
Las actuales finanzas públicas del país no dan para tal grado de gasto sin conllevar un endeudamiento adicional importante o, como alternativa, la creación de nuevos gravámenes.
Siendo que el sobreendeudamiento es fuerte e inmediatamente castigado por los mercados, mientras que, al contrario, un incremento en la recaudación fiscal —en ciertas circunstancias— puede ser aplaudido por los mismos mercados.
No es difícil imaginar un escenario donde se opte por esta segunda alternativa, para lograr sustentar los nuevos niveles de gasto que se requerirán para que el Presidente electo pueda, medianamente, cumplir sus promesas de campaña.
Finalmente, pareciera que los actuales tiempos políticos son un caldo de cultivo propicio para la implementación de este tipo de gravámenes, que buena parte de las doctrinas progresistas y de izquierda moderna consideran dentro de los gravámenes más progresivos y con mayor potencial de redistribución social.
La contundente victoria de López Obrador y de Morena pareciera reflejar un mandato de la ciudadanía, para llevar a cabo cambios sustanciales dentro del orden económico y social que, hasta la fecha, ha prevalecido en el país. Una de las promesas pilares fue el combate a la pobreza, mejor ilustrada bajo su frase: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
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