La Corte y su oportunidad de regular Publicidad Oficial La publicidad oficial se ha ejercido de manera discrecional y ha sido utilizada como una herramienta de censura indirecta para favorecer o castigar a los medios de comunicación según sus líneas editoriales. Desde hace 10 años los legisladores han eludido su responsabilidad de regular el uso de Publicidad Oficial.  El próximo miércoles 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría cambiar esta situación.  La publicidad oficial, se refiere a la compra de espacios en los medios de comunicación por parte de los gobiernos para difundir información relevante a las y los ciudadanos.  Debe de ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la ciudadanía, así como garantizar la difusión de información imparcial, veraz y oportuna y relevante para toda la población.  Hasta la fecha, las diferentes prácticas que han ejercido, tanto gobierno federal y local, han sido, aprovechándose de un vacío legal, y esto, ha dado como resultado prácticas que benefician a unos cuantos, lo que daña y ataca de manera directa la libertad de expresión. La publicidad oficial se ha ejercido libremente, dejando a la autoridad autoregularse, sobreejerciendo de manera excesiva el gasto en este rubro, y lejos de informar a la sociedad, ha sido utilizada como una herramienta de censura indirecta para favorecer o castigar a los medios de comunicación según sus líneas editoriales, generando impactos negativos a los procedimientos de informar a la sociedad, y en consecuencia, a la libertad de expresión.  Por ello, la regulación de la publicidad oficial es de suma importancia, pues con ella se establecería los límites para evitar sobreejercicios presupuestarios, para restringir el menoscabo la pluralidad informativa, evitar el uso personalizado de la comunicación oficial por parte de los servidores públicos, así como frenar las prácticas ligadas a la corrupción como vínculos financieros entre los medios y los gobiernos. En México la publicidad oficial no está regulada y la poca claridad que hay, propicia prácticas de corrupción y censura dentro de los medios de comunicación. La publicidad oficial debe ser un canal de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Esta publicidad debe ser una herramienta para la libertad de expresión, y no para el financiamiento de los medios de comunicación, ni para promocionar la imagen de alguna persona. Dicho de otra manera, la publicidad oficial, no debe ser vista, ni entendida como un financiamiento para los medios de comunicación, ya que esta visión, afecta directamente a la libertad de expresión, lo que perjudica la construcción y consolidación de una sociedad democrática, crítica y plural. Aunque se han presentado numerosas iniciativas para legislar en el tema desde 2007, a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de febrero de 2014, se estableció una obligación expresa a para que el Poder Legislativo reglamentara el ejercicio de la publicidad oficial, a más tardar en abril de 2014.  Lo anterior con el objeto de garantizar que el gasto en comunicación social se ejerza de manera eficiente, transparente y que existan reglas claras para que se utilice sólo con fines informativos de interés público. No obstante dicha obligación constitucional, aun carecernos de regulación en la materia. La forma como resuelva este caso la SCJN generará importantes implicaciones, no sólo en la manera como se ejercerá la publicidad oficial en México, sino que abre otra posibilidad para garantizar la vigencia y protección de los preceptos constitucionales frente a la omisión de los legisladores de una sus principales funciones, que es la producción normativa. Corresponde en este momento a la SCJN, como garante del orden jurídico constitucional y como poder de contrapeso de un sistema democrático, hacer un señalamiento al Poder Legislativo, reconocer las afectaciones que se generan al ejercicio de la publicidad oficial y a otras garantías constitucionales que derivan de dicha actividad, como la libertad de expresión y el acceso a la información y, establecer las condiciones para proteger los derechos que se transgreden con dicha omisión legislativa.  Del mismo modo, recordar que, desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la silla presidencial, hace cinco años; el mandatario se comprometió a regular la publicidad oficial, sin embargo, al parecer, esta dejó de ser parte de su agenda.