Como hemos dado cuenta en este espacio, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, durante los primeros seis meses de administración de Andrés Manuel López Obrador, han sido ultimados 10 periodistas en nuestro país; durante 2017 y 2018 México fue declarado como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en Latinoamérica; según los recuentos de organizaciones no gubernamentales e incluso los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas. A lo largo de estos dos años, la Fundación Mora Gómez y otros organismos gremiales han dado seguimiento a las investigaciones y en su momento, mediante Informes específicos hemos dado cuenta de las grandes desigualdades en el marco legal para el ejercicio de nuestra profesión. Los estudios encabezados por el Instituto para la Libertad de Expresión, son el único precedente local para evaluar las condiciones y niveles para ejercer la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información en México. Aunado a lo anterior, desde el año 2018 hemos pugnado por que el Congreso de la Unión emita una Ley de Equidad Publicitaria, que salvaguarde el usos de los recursos públicos como una herramienta de premio / castigo para los medios de comunicación y para el ejercicio periodístico. Desde el inicio de la actual administración, la relación entre el Gobierno y los Medios de comunicación ha sido ríspida, no hay aun reglas que delimiten como será el comportamiento y la disposición para que los medios de comunicación cumplan con su función de mantener informada a la sociedad sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Si bien el Presidente de la República se ha mostrado abierto a escuchar las criticas señalando que cuando exista lugar a la replica se aplicaran los señalamientos que puedan enriquecer el debate, pareciera que no toda la estructura gubernamental ha entendido la directriz establecida por Andrés Manuel López Obrador. La actual administración ha intentado marcar la agenda diaria desde las conferencias mañaneras que han servido en principio para polarizar a la opinión pública y poner en duda el actuar de muchos “periodistas” o influenciadores sociales que mas bien parecen estar sembrados para conducir los temas que ahí se ventilan. López Obrador ha dejado en claro que el estado no será utilizado como una herramienta para fabricar delitos ni para perseguir, torturar o masacrar al pueblo. El Presidente de la República se muestra promotor del derecho a la información y al dialogo “con mensaje de ida y vuelta”, con lo que pretende impulsar el debate y la pluralidad democrática. Sin embargo, observamos con preocupación como ya de manera cotidiana se difunde información sobre el despido de periodistas y colaboradores de medios que pudieran ser una especie de censura hacia la opinión pública. Desde la Presidencia de la República se han marcado tiempos mediáticos inéditos, que han llevado a los medios a situarse en dos extremos; el periodismo de izquierda o la Prensa “Fifi” o liberal; ambos extremos son malos y la realidad es que tanto los medios de comunicación como muchos periodistas y lideres de opinión, han olvidado hacer su trabajo, cuando debieran abocarse a la investigación y al análisis de los hechos para contextualizar el momento que vivimos, olvidándonos del enfrentamiento que a nada bueno nos lleva. Como sino faltara mucho para complicar la relación entre los periodistas y la actual administración, hemos sido testigos de dimes y diretes entre autoridades y lideres de opinión o medios de comunicación, por contratos que en su momento fueron otorgados por anteriores administraciones a medios de comunicación y que cumplieron perfectamente su vigencia y objetivo con apego al marco legal; sin embargo ahora pretenden señalar y poner en duda la credibilidad o el actuar de los periodistas y comunicadores. En estas circunstancias, marcamos la urgencia de que el congreso legisle sobre la equidad publicitaria para terminar con mas especulaciones y establecer las bases que permitan ir construyendo una relación en la que autoridades, periodistas y medios de comunicación puedan aportar en favor del ejercicio periodístico, la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.