La Procuraduría General de la República (PGR) requiere revisar su modelo de Procuración de Justicia, elaborar un plan maestro y definir estrategias para consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), toda vez que las capacidades actuales de la dependencia federal “son escasas”, sus estructuras inhiben la persecución del delito y frenan el abatimiento de la impunidad. Así se establece en un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para aprobar una Cooperación Técnica (CT) con la PGR por 100 mil dólares. En el documento ME-T1355 se alerta de un riesgo de continuidad por el cambio de administración en 2018, lo que puede atrasar la ejecución del apoyo. El BID señala que si bien México ha logrado implementar el SJPA de acuerdo con los mandatos señalados, la plena operación de éste aún enfrenta varios desafíos institucionales “debido a inercias burocráticas, mala organización, institucional, indiferencia y limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de delitos, derivadas de deficiencias en la infraestructura, coordinación, mando y operación de la institución”. Expone que de acuerdo con el informe “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y plan de trabajo 2017”, presentado en el Senado, “el diseño organizacional de la PGR no corresponde al Sistema Penal Acusatorio y la población no ha visto beneficios derivados de los mecanismos tempranos de solución de controversias del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que estos no se implementan; las capacidades de investigación de la PGR son escasas y se registran problemas históricos en la dependencia, relacionados con incentivos al personal y la estructura institucional”, entre otros. El documento señala que con base en el estudio de Latinobarómetro, México tiene “altos niveles de impunidad”, toda vez que 85 por ciento de los delitos denunciados no terminan con una sentencia, “aunado a la alta desconfianza en el poder judicial”, que alcanza 73 por ciento de la población. La institución multilateral comenta que través de la Iniciativa Mérida ya se han comprometido más de 247 millones de dólares en apoyo a la transición de México al Nuevo Sistema de Justicia Penal. El cambio institucional para el SJPA está basado en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC). El pasado 9 de mayo el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, Gonzalo Juan Carlos Canseco, envió la solicitud de dicho apoyo (por 100 mil dólares) al BID con el fin de impulsar tres programas de procuración de justicia y dos proyectos de mejora en la fase de la investigación y para fortalecer el cambio cultural en torno al SJPA. La solicitud fue aprobada el 22 de noviembre por Carlos Santiso, jefe de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, del BID. Se desarrollará en dos etapas; la primera será el diseño de un plan maestro para la ejecución de los programas de mejora con base en el Nuevo Modelo de Procuración de Justicia, que costará 60 mil dólares; la segunda, el seguimiento de la etapa procesal que requerirá de 40 mil dólares. -- Milenio