Mireya Palacios Gámez, jefa del departamento administrativo de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, denunció la pretensión por parte de directivos de la dependencia para imputarla en el presunto “hackeo” de 995 mil pesos. Explicó en rueda de prensa que esta transacción ilegal se realizó desde diciembre del 2017, tiempo en el que aseguró no tenía facultades para hacer transferencias económicas, por lo que consideró que se utilizó esta justificación con el fin de despedirla. Detalló que existe un oficio de la denuncia realizada el 15 de diciembre donde se solicita congelar las cuentas ante los movimientos presuntamente irregulares. Dijo que el dinero fue devuelto el 18 de diciembre, un día después le dan claves y facultades para que se encargue de los movimientos bancarios, para posteriormente acusarla y levantarle acta administrativa, y 4 actas circunstanciadas, por lo que teme que el siguiente paso es el despido. Recordó que a mediados de diciembre había realizado denuncias públicas en contra del delegado federal Felipe Aurelio Torres Torres, por malos manejos, hostigamiento laboral, incluso hizo la denuncia ante la Función Pública y la PGR, por lo que consideró que de ahí el interés por separarla del cargo. Aseguró que en el último inventario se detectó falta de mobiliario, además consideró un fraude el presunto desvió, pues hubo declaraciones falsas por parte del personal. Aparte el delegado rechazó los señalamientos y aseguró que será el órgano interno de la Procuraduría, quien se encargará de atender el asunto, que dijo, es meramente administrativo y fincar responsabilidades.