Participación 10 de abril. Un factor importante para determinar el pluralismo, la independencia y vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro del cual realicen sus actividades. Los periodistas a menudo tienen la visión de que todo irá mejor, entre menos tengan que lidiar con la legislación. Ciertamente, lo ideal sería que el marco legal en que se desenvuelvan los periodistas esté enfocado a crear un ambiente en donde prevalezca el periodismo, más que preocuparse por regular cada uno de los aspectos que intervienen en su desempeño. El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación deriva en primera instancia de la legislación internacional. Tradicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la forma en que se interpretan las demás. En su Art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Ésta tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR): “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” Este es un tratado vinculante todo Estado que lo haya ratificado. Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de los cuales contiene garantías similares sobre libertad de expresión y libertad de medios. A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada por leyes a distintos niveles: • La Constitución - ley suprema o básica de la nación.

• Estatutos, aprobados por la legislatura.

• Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario, el cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatutaria. Por supuesto que en principio, todas estas áreas de la ley deben estar ligadas a otras de distinta manera. Si un país ha ratificado el ICCPR o algún tratado regional de derechos humanos; en consecuencia, su contenido se verá reflejado en la Constitución, la cual a su tiempo determinará el contenido de la ley subsidiaria. No obstante, la vida rara vez es así de simple. En un gran número de sistemas legales, la ratificación de tratados no encuentra automáticamente su camino dentro del cumplimiento de la legislación nacional. Las constituciones quizá tuvieron que ser diseñadas con mucho tiempo de anticipación, previo a su ratificación. O bien, las Constituciones pueden reflejar los progresivos desarrollos en la ley de libertad de expresión; no obstante, que otros estatutos no hayan sido reformados. En un principio, la ratificación de los tratados puede sentar precedencia sobre la Constitución y proporcionar los medios para interpretarla. O pueden considerar ser del mismo estatus. O pueden formar parte de la legislación local, pero en un nivel inferior a la Constitución. De la misma forma, la Constitución usualmente será soberana en relación a los estatutos, los cuales serán considerados inefectivos si entre ambos entran en conflicto. Todo lo anterior, a su turno, está en función del grado en que los gobiernos respetan el estado de derecho en la práctica. Aún en democracias estables, esto no es algo que pueda darse por hecho. Un gobierno, fácilmente se puede sentir ofendido por lo que a su juicio es una prensa curiosa y entrometida y toma medidas ilegales para frenar sus investigaciones - confiscar ilícitamente las notas de los periodistas para organizar escuadrones de la muerte. En esta área, como en muchas otras, es de suma importancia que la vigilancia del sistema judicial esté preparada para confrontar al gobierno.