El 18 de diciembre del año 2020, se modificó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de entonces, se reconoce que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; a partir de entonces, existe una serie de implicaciones que es necesario considerar desde las autoridades.

Existen 16 estados con Secretaría de Movilidad en México, con Leyes de Movilidad que permiten enfocar los esfuerzos para resolver el congestionamiento y garantizar el libre tránsito de mejor manera. En los municipios destaca Puebla con una secretaría que se ha convertido en referente nacional.

En San Luis Potosí aún hace falta una reforma institucional que permita atender el tema de la movilidad de forma adecuada. Desde hace dos legislaturas, existen iniciativas de ley en el Congreso, que a la fecha no han culminado en la publicación de una Ley de Movilidad.

Es importante considerar que la movilidad no es un problema, es una actividad que realizan las personas, y que debe de ser productiva, social e inteligente. La primera se enfoca a disminuir los tiempos de traslado para no afectar las condiciones de trabajo ni el ingreso; la segunda, tiene que ver con la capacidad de relacionarnos de manera sana, segura y sobre todo con respeto a los derechos humanos; y la tercera, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que nos permita decidir, cuándo y cómo nos movemos.

El impacto económico y social que ha tenido la movilidad, derivado del incremento en los tiempos de traslado y ahora en la salud, ha llevado a reconocer la movilidad como parte de la agenda pública, sin embargo, pocas respuestas tenemos.

A la par, la movilidad como idea se ha replanteado, primero se le identificó como un problema, después como una estrategia, ahora es un derecho constitucional que debe de ser garantizado.

¿Que o quién debe de garantizar la movilidad? es importante considerar primero, que existen elementos tradicionalmente arraigados, como los plantones y las marchas que afectan el derecho de las personas a la movilidad segura; también, hay factores como la infraestructura que la limitan, como las vialidades, las banquetas o los mismos puentes peatonales; además, entre otras muchas cosas, existen restricciones institucionales y normativas, como la ausencia de leyes y dependencias de gobierno, que aumenten los problemas. 

En una ciudad que se garantiza el derecho a la movilidad, las autoridades locales cuentan con instituciones y normas encargadas de coordinar acciones entre diversos niveles, para una mejor organización de los traslados. Se enfocan a que esos traslados, independientemente de las características de las personas, sean sanos, seguros y, sobre todo, una libre elección por dónde y en que preferimos movernos.

Muchas veces, la movilidad es una especie de monopolio, sólo se puede hacer en auto para ir más seguros y rápido.

En una ciudad moderna, la movilidad es un factor de competitividad, que agrega valor a la economía y a la sociedad, pero, sobre todo, es un derecho reconocido y garantizado por el Estado.