El pasado viernes, diputados de Congreso del Estado presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a modificaciones de la conocida como "Ley AntiUber", lo que generó descontento entre el gremio de taxistas. La diputada, Beatriz Benavente Rodríguez se reunió ese martes con algunos representantes del taxismo, donde se les aclaró que este recurso nada tienen que ver con beneficiar a ningún prestador de servicio de transporte o plataforma. "Lo que estamos impugnado ante la Corte no tiene que ver con el fondo, con el objetivo que es el transporte público sino que estas modificaciones no se hicieron de manera correcta y violenta la constitución, con lo que se tendría que esperar a ver lo que la corte decida. Si fueron legales o no, y por tanto se tendrían que dejar sin efecto". Sin embargo, entre las modificaciones que aprobaron los legisladores a finales de noviembre consideran, entre otras cosas, que los operadores de Uber, brinden el servicio en unidades con un valor superior a los 300 mil pesos y que sólo el dueño del vehículo preste el servicio.  Pero además, destacó que el reproche de los taxistas inconformes se centra en temas que tienen que ver incluso con la entrega de concesiones en épocas pasadas "y la inconformidad es genuina", lamentó. Al respecto, Crispin Segura líder de un grupo de taxistas señaló que Uber continúa sin cumplir con las normas y ahora "quieren echar para abajo lo ya aprobado". "A nosotros lo que más nos convendría es que Uber ni siquiera esté operando en San Luis Potosí (...) son plataformas oportunistas que nada aportan", manifestó. Igualmente, advirtió que estarán buscando asesoría jurídica para proceder en consecuencia a lo que determine la SCJN, la cual según consideró la legisladora priista, la resolución podría demorar hasta nueve meses.