En México, el acceso al agua está limitado por la corrupción en programas, obras y concesiones que administra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), coinciden especialistas. Frente a ese escenario, la lucha contra la corrupción que anunció la nueva directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, debe empezar por dotar de autonomía al Órgano Interno de Control de esa dependencia, plantea Verhónica Zamudio Santos, investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. "Porque ese órgano es juez y parte. Revisa el ejercicio de los recursos al interior de la institución y es también el que resuelve las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF)", explica en entrevista. También autora del estudio "La Conagua en los Informes de la ASF", publicado por Controla Tu Gobierno, Zamudio identifica que entre 2000 y 2016 han persistido las mismas irregularidades en seis programas de cobertura nacional dirigidos a ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Destaca la falta de definición de metas, objetivos e indicadores de los programas hídricos, además de que no se precisa la población objetivo y hay irregularidades en el recurso público, pues existen diferencias entre el monto programado y el ejercido. José Luis Luege Tamargo, ex director de Conagua y director de la organización civil Ciudad Posible, considera que uno de los frentes para atacar la corrupción está en la administración de las concesiones de agua. En los últimos 40 años, subraya, mucha gente ha hecho acopio de concesiones en papel, aunque no usa la totalidad del volumen concesionado. "La Conagua tiene que cuidar mucho la transmisión de derechos porque eso ha dado lugar a una pérdida de disponibilidad en las cuencas. Esto me parece un tema de mayor importancia para erradicar la corrupción y permitir la recuperación de volúmenes". Además, refiere que los denominados títulos precarios que presuntamente fueron otorgados en los años 30 o 40, y que en realidad son papeles falsificados, constituyen un gran mercado negro del agua. Mónica Olvera, coordinadora del proyecto de Acceso Equitativo al Agua en Oxfam México, expone que la corrupción hace que se estanque la política hídrica y acentúa la desigualdad en el acceso al agua. Uno de los graves problemas, menciona, es que no hay información desagregada para conocer las problemáticas que enfrentan las mujeres para atender su derecho humano al agua y al saneamiento. También señala que las prácticas corruptas son más evidentes en la construcción de obras. "Es lo que desde Oxfam llamamos captura política, que es ese acercamiento de grupos económicos encargados de las grandes obras con acuerdos políticos al interior de las instituciones. Lo que les interesa es hacer un negocio y no realmente garantizar un derecho al agua y saneamiento", agrega. -- Reforma