Cd. de México (31 octubre 2018).- La Procuraduría General de la República deberá investigar el presunto desvío de 36 mil millones de pesos cometidos por funcionarios y ex funcionarios de 11 estados del País, que estaban destinados al Seguro Popular y a brindar servicios de salud.

Las denuncias, un total de 22, fueron presentadas hoy por Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Manuel Pérez de Acha, integrantes de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero. Los hechos denunciados están basados en los hallazgos reportados por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas que van de 2012 a 2016. "Los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades. "La PGR tendrá que realizar las investigaciones pertinentes a partir de los datos de prueba contenidos en los informes anuales de la ASF, entre los cuales destacan: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud", señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto. Las denuncias son contra servidores públicos que pertenecen o pertenecieron a las administraciones de los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, quienes tuvieron bajo su responsabilidad la administración de los recursos. Los recursos fueron desviados del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), por lo que, al tratarse de fondos federales, las denuncias fueron interpuestas en la PGR ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia. "En un análisis de los informes de la ASF, integrantes de las asociaciones que presentaron las denuncias observaron que los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al FASSA, cuyo objetivo es prestar y garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social", indicaron. Estas denuncias se suman a las que fueron presentadas el pasado 16 de octubre, también ante la PGR, en contra de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, por un presunto desvío de 50 mil millones de pesos que habrían sido sustraídos de los mismos fondos presupuestales. "En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno Federal aportó 2 mil 603 pesos, estos recursos son transferidos a cada uno de los estados, quienes son los responsables de brindar la atención médica", contextualizaron.

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