Los delitos cometidos en 2016 le costaron a los potosinos 4 mil 371 millones 373 mil 189 pesos, lo cual es un incremento del 28% con respecto a los 3 mil 400 millones 781 mil 670 que se generaron en el 2013, esto según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según datos de la encuesta, en este 2016 cada delito costó en promedio 5 mil 504 pesos, lo cual es un aumento del 33% de los 4 mil 126 pesos promedio que se tenían en el 2013, por lo cual San Luis Potosí actualmente ocupa el lugar 17 a nivel nacional, de entre las entidades con el mayor costo de delitos. Los gastos se desglosan en “Medidas de protección contra la delincuencia”, que implementaron los ciudadanos, lo cual representó una erogación por mil 731 millones 962 mil 469 pesos en 2016, que representa un aumento del 45 por ciento, con respecto a lo registrado en el 2013, donde el gasto fue de mil 193 millones 365 mil 556 pesos. En “Pérdidas a consecuencia del delito” se gastó un total de 2 mil 274 millones 74 mil 520 pesos, es decir que este rubro representa el 52 por ciento del total del costo de delitos, mientras que en “Gastos a consecuencia de daños en la salud” se gastó un total de 365 millones 336 mil 200 pesos. Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) indicó que actualmente San Luis Potosí vive una situación de inseguridad como en todo el país, por lo que algunos negocios pueden sufrir pérdidas de hasta 5 mil pesos por la comisión de delitos, lo cual puede desestabilizar su economía. “Hay muchos que es mucho dinero, para algunos rubros, para algunos comerciantes, lógicamente nos desestabiliza de algunas manera económicamente, es mucho lo que se está gastando”.

Indicó que la delincuencia es algo que se reporta a diario, por lo cual se ha llegado al punto de que cualquier ciudadano tiene algún conocido o algún pariente que ha sido víctima de la delincuencia, ya sea en su propio hogar o hasta en su negocio, lo cual también genera que la misma ciudadanía gaste de su bolsillo en contratación de seguridad privada o instalación de cámaras de seguridad.